“Hay que transmitir que llevamos 25 años en una posición desfavorable”

Francisco Pérez (Valencia, 1950), catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, es director del Instituto de Investigaciones Económicas (Ivie), un prestigioso organismo creado en 1990 por la Generalitat, que se financia mayoritariamente a través de convenios externos, y que ha analizado en profundidad las consecuencias del modelo de financiación autonómica.

Pregunta. ¿El modelo es sostenible para los valencianos?

Respuesta. Necesitamos una reforma de manera urgente. Llevamos tantos años discriminados por el sistema de financiación que los efectos acumulados sobre el endeudamiento son enormes. La liquidación de 2010 revela que la Comunidad Valenciana está entre el 8% y el 9% por debajo de la media española en financiación per cápita. Eso representa 1.000 millones de euros menos cada año, que es más de lo que cuesta todo el sistema universitario valenciano.

P. Si el Gobierno abriese mañana la negociación para reformar el sistema, ¿el Consell estaría en condiciones de llevar una propuesta concreta?

R. La comisión de expertos nombrados por las Cortes ha estado trabajando para elaborar una propuesta, que está bastante avanzada. Cuando empiece la negociación, habrá una propuesta encima de la mesa. Lo que venga después depende de factores al margen de los elementos técnicos de la propuesta.

P. ¿Qué elementos?

R. Creo que hay intereses muy distintos de los de los valencianos y, en ese sentido, será muy importante la capacidad que tenga la Comunidad Valenciana para defender su posición con más éxito que en ocasiones anteriores. Para ello se requieren tres cosas: una propuesta técnicamente bien elaborada, un consenso político y social muy amplio en la Comunidad Valenciana y capacidad de influencia en el ámbito donde se adopten las decisiones.

P. ¿Y eso cómo se logra?

“Se requiere un consenso político y social muy amplio para tener éxito”

R. Lo primero es trabajar para transmitir a todos que llevamos 25 años en una posición desfavorable e injustificada y convencerlos de que buena parte de la imagen de debilidad financiera que tiene la Comunidad Valenciana está relacionada con los modelos de financiación. El gasto por habitante aquí es inferior a la media y, por tanto, con independencia de la discusión sobre cómo se ha gastado, el problema principal son los ingresos.

P. ¿Ha agravado esta mala imagen la intervención de la CAM, Bankia y el Banco de Valencia?

R. Desde luego, no ha ayudado, pero la debilidad financiera de la Generalitat está ligada al sistema de financiación autonómico y la consecuencia es que el Gobierno valenciano lleva muchos años con la capacidad de actuación limitada y una deuda acumulada muy importante. Y simultáneamente, tenemos el problema de la crisis de un sistema financiero privado que ha estado muy conectado a la economía del territorio. La suma de los dos problemas ha terminado con una parte del sistema productivo y con las entidades financieras autonómicas.

P. ¿Y qué efecto ha tenido la desaparición de las entidades financieras valencianas?

R. El sistema financiero se ha de reconstruir con los bancos que han comprado las entidades valencianas y los que ya estaban presentes, pero la pérdida de las sedes de Bancaja y la CAM ha tenido un efecto clarísimo. El trabajo que se realizaba en los servicios centrales de Valencia y en Alicante ahora se hará en Madrid y en Sabadell. Para la economía valenciana es un problema porque tenemos pocas empresas de gran dimensión y esto afecta negativamente a la generación de puestos de trabajo para profesionales y técnicos. Para el empleo cualificado, la renta generada y los salarios pagados, el efecto de perder la sede de las grandes empresas es claramente negativo.

P. ¿Y también se traducirá en un menor volumen de créditos?

“Faltan análisis sobre el sector público y sobran argumentarios”

R. No necesariamente. Creo que el interés de los bancos por hacer negocio hará que el crédito, si es viable, llegue. La proximidad, a veces, también tiene sus riesgos, porque se ignoran parámetros objetivos, como ha pasado con algunas promotoras y constructoras.

P. Distintos organismos han alertado en las últimas semanas sobre las consecuencias económicas de la corrupción. ¿Se pueden cuantificar sus efectos?

R. Es muy complicado valorar cuantitativamente los efectos de ese fenómeno. En términos generales, es evidente que la corrupción tiene efectos negativos, porque supone una captura injustificada de rentas públicas, un despilfarro de los recursos y una pérdida de confianza en las instituciones y en la transparencia de los mercados. Ahora la sensibilidad es mayor porque llevamos cinco años intentando aclarar qué parte de responsabilidad tiene cada uno en la crisis y discutiendo cómo se reparten sus costes, y descubrir esas trampas escandaliza.

P. ¿Está relacionada la corrupción con un aumento de la economía sumergida?

R. Desde luego, en las dos direcciones. Los escándalos no favorecen el cumplimiento fiscal y, en general, de las reglas de juego. Ahora bien, en ocasiones también se usa la corrupción como excusa para sumergirse por otros motivos. Ahora unos se alivian los problemas pidiendo un aplazamiento al banco y otros pasando a la economía sumergida. Más allá de la corrupción, en un momento en el que los ingresos fiscales se han desplomado y estamos agobiados por el déficit, es evidente el coste que tiene para todos la economía sumergida. Pero hay que recordar que la preocupación porque el trato fuera igual para todos desde el punto de vista fiscal y por perseguir el fraude ha sido muy poca en las últimas décadas. Han pasado Gobiernos de signo distinto y la cultura del cumplimiento fiscal no se ha puesto encima de la mesa.

P. La consecuencia es una caída de los ingresos y la decisión de recortar gastos y reducir el sector público en la Administración.

“El debate no es industria versus servicios, sino qué necesitamos”

R. Esta sociedad tendría que reflexionar seriamente sobre el tamaño del sector público y el estado de bienestar que quiere. Habitualmente faltan análisis y sobran argumentarios. Algunos piensan que tenemos un sector público muy grande y cuando miramos las comparaciones internacionales resulta que el sector público español en relación con el PIB es de los más pequeños de la Unión Europea y solo un 3% superior al de Estados Unidos, que se pone como ejemplo de país con un sector público pequeño. Otros en cambio piensan que el sector público puede con todo, pero tampoco es así.

P. ¿Y por qué ha cuajado la idea de que el sector público es enorme?

R. Posiblemente porque ha crecido bastante, pero también ha crecido, afortunadamente, el sector privado hasta que llegó la crisis. La proporción entre ambos llevaba bastantes años estable, en porcentajes parecidos a los de los demás países desarrollados. También influye en esa percepción la impresión de que el funcionamiento de los servicios públicos es mejorable y es cierto, pero las opiniones deberían objetivarse. En este país no han cuajado los procesos rigurosos de evaluación de las políticas públicas. Tenemos un seguimiento macroeconómico muy detallado y, en cambio, no hay estudios sistemáticos sobre el funcionamiento de las políticas de infraestructuras, educación, sanidad, etc., que faciliten la rendición de cuentas a la sociedad.

P. Los agentes sociales reclaman un cambio de modelo productivo. ¿Qué opina?

“El margen del Consell para cambiar el modelo es muy limitado”

R. Es necesario, sin duda, pero la clave no es el debate industria versus servicios. Lo importante es qué tipo de industria y qué tipo de servicios tenemos y cuál necesitamos. Tenemos que ser capaces de competir con los países avanzados más que con los emergentes, porque somos un país desarrollado. Para hacerlo hemos de especializarnos en actividades que generen más valor añadido por ocupado. Nuestra especialización productiva ha de virar hacia las actividades y las tareas intensivas en conocimiento en cualquier sector, porque las diferencias fundamentales a la hora de generar valor no están entre los distintos sectores, sino dentro de los sectores.

P. ¿Qué margen tiene la Generalitat para impulsar un cambio de modelo productivo?

R. Si somos realistas, el margen del Consell es muy limitado. Las decisiones fundamentales son de las empresas. Pero el Gobierno Valenciano debe proponer un diagnóstico claro y tomar medidas ordenadas para poner en valor y gestionar lo que tenemos. Hemos de aprovechar nuestras ventajas competitivas, que las hay. Por ejemplo, para desarrollar productos tecnológicamente avanzado nuestros costes salariales son más bajos que los europeos. Algunas empresas siguen aquí por esa razón y deberíamos atraer a otras. Pero la mala financiación autonómica hace que políticas como la de fomento de la actividad económica cuenten con unos recursos que están un 50% por debajo de la media española. Eso repercute, por ejemplo, en el margen de maniobra para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico o la investigación. Pese a todo, la gestión de esas políticas también parece manifiestamente mejorable.

P. ¿Y el desempleo cómo lo afrontamos?

R. La solución al desempleo será larga y complicada. Desde luego, la clave es crecer, pero también ayudaría a generar empleo hacer a los parados más empleables, sobre todo a los jóvenes que abandonaron demasiado pronto el sistema educativo. No tener formuladas y desplegadas políticas activas de empleo potentes es incomprensible y socialmente muy arriesgado. Es necesario reforzarlas decididamente.