Mercedes Alonso llevará al fiscal la gestión deportiva del exalcalde socialista

El ayuntamiento de Elche, que preside Mercedes Alonso, del PP, ha anunciado este viernes que remitirá a fiscalía el informe de la comisión de investigación de la Fundación del Deporte Ilicitano, para que determine responsabilidades judiciales. El concejal de Deportes, el popular Daniel Rubio, ya señaló diversas irregularidades en la gestión de la institución durante la anterior etapa del gobierno socialista, con el exalcalde Alejandro Soler a la cabeza.

El portavoz del grupo municipal del PP, Manuel Rodríguez, ha asegurado que el informe de la comisión de investigación, solicitado a principios de 2012 por el PP para detectar posibles irregularidades, acredita el "desastre administrativo y contable" de la fundación durante el gobierno de Soler, que entonces era el presidente y el exedil de Deportes, Federico Buyolo, vicepresidente.

Rodríguez ha asegurado en rueda de prensa que existe "gravedad suficiente" para remitir el informe de conclusiones a la fiscalía con el fin de determinar el tipo de responsabilidades judiciales. El edil ha recordado la deuda de 700.000 euros dejada por los anteriores gestores con los clubes de la ciudad y ha proseguido que "ambos deben dar la cara y explicar qué hicieron con el dinero".

Rubio indicó ayer durante la presentación del informe que durante el período de gobierno entre 2007 y 2011 "no se administraron" los bienes y derechos que integraban el patrimonio de la fundación, y se "autorizó" una política de actuación basada en compromisos económicos con clubes al margen de la capacidad de obtención de recursos suficientes por parte de esta institución.

Además de "favorecer" una política de actuaciones en la que las entidades fundadoras eran las principales beneficiarias en contra de lo establecido en la legislación vigente. El informe de la comisión solicitaba, además, responsabilidades políticas a Soler y Buyolo como máximos representantes de la fundación y "garantes de sus fines y del cumplimiento de las obligaciones económicas, sociales y legales exigidas".

Estas conclusiones también se elevarán, según dijo Rubio, al Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, como órgano competente, para que adopte las medidas que consideren oportunas en el ámbito de sus funciones legales.