El secretario de Baltar avala ahora que no se investiguen los enchufes
La oposición tiene ahora un plazo de dos meses para recurrir ante el juzgado contencioso-administrativo
Un nuevo muro contra la investigación de los enchufes. La arrolladora mayoría del PP en la Diputación de Ourense ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por los diputados del PSdG contra la votación del pasado 18 de enero en la que los baltaristas tumbaron la creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones de Baltar durante los últimos 20 años. La oposición pretende investigar políticamente al exbarón ourensano, por eso anuncian que recurrirán esta decisión ante los tribunales.
En la sesión plenaria extraordinaria de enero, los socialistas solicitaron la abstención de los diputados del PP “con relación de consanguinidad o intereses personales” durante aquella votación para no incurrir en responsabilidades legales, ya que así lo estipula la Ley de Bases del Régimen Local. De esta forma, recusaron a todos los populares menos a uno. Para justificar ese deber de abstención aportaron documentación en la que revelaron que los baltaristas -incluido Baltar hijo- tienen colocados a 74 familiares o amigos en el organismo. El listado está plagado de hijos, sobrinos, exmujeres, tíos e incluso exnueras.
El secretario de la Diputación, Francisco Cacharro -hijo del histórico barón popular lugués y socio de Baltar padre en el sector de la boina-, confirmó por oral justo antes de aquella votación que existía “un deber de abstención”. Posteriormente se contradijo a sí mismo en un informe que manifiesta lo contrario y desestima la recusación.
El portavoz socialista, Ignacio Gómez, ha puesto en duda el informe del secretario porque “es parte implicada” en los enchufes masivos por lo que “también debería abstenerse”. Sin embargo, el alto funcionario entiende que “no tiene ninguna causa de abstención porque su declaración como testigo [en el proceso judicial contra los enchufes de Baltar padre] no tiene nada que ver” con esta comisión de investigación. El BNG ha manifestado que prefiere una recusación política y no administrativa como la planteada. A pesar de ello, los nacionalistas apoyaron la propuesta socialista llevada a pleno esta mañana. La oposición tiene ahora un plazo de dos meses para recurrir ante el juzgado contencioso-administrativo la decisión adoptada por los baltaristas.
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