Dimite el secretario de organización de ERC por su implicación en el ‘caso Manga’

La investigación del caso Manga, originada en Galicia y dirigida por una juez de Lugo, está provocando un terremoto político en Girona. Ya son tres los cargos políticos que han dimitido arrastrados por las pesquisas sobre la presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos y sobornos. Dos lo hicieron ayer: Josep Carrapiço, secretario de organización de ERC en Girona, y Robert Fauria (CiU), alcalde de Sant Hilari Sacalm y presidente del Consejo Comarcal de la Selva. Fauria está en libertad tras pagar una fianza de 18.000 euros por su presunta relación con la trama, mientras que Carrapiço ha sido citado a declarar ante la policía.

El epicentro del seísmo está en Santa Coloma de Farners, sede del Consejo Comarcal de la Selva y de las oficinas de recaudación de tributos donde trabajan los empleados de GRS Arc Local, empresa situada en el centro de la trama. Alex Ros, administrador de esta sociedad nacida en Lloret de Mar, está en la cárcel por dirigir supuestamente una red de contactos para conseguir favores de distintas administraciones a través de sobornos.

La relación de GRS con el Consejo de la Selva, al que asiste en materia de tributos y catastro, es muy estrecha, hasta el punto que los trabajadores del Consejo y de la sociedad comparten oficina. La juez de Lugo cree que los vínculos entre Ros y Fauria son especialmente relevantes para entender esta ramificación del caso Manga en Girona. El último concurso que el Consejo adjudicó a GRS fue en 2011 por valor de 1,5 millones de euros.

El presidente del Consejo de la Selva y alcalde de Sant Hilari no ha tardado ni una semana en dimitir tras su detención el pasado jueves y su posterior viaje hasta los juzgados de Lugo. Fauria dijo ayer sentirse “sobrepasado” por las circunstancias y dejó claro que no ha sufrido “presiones de nadie” para dejar los dos cargos.

Además de su presunto papel de facilitador del negocio de GRS, la investigación también se centra en averiguar si Fauria intervino en la financiación ilegal de Convergència. La juez de Lugo investiga si Ros ordenó a un trabajador de GRS entregar un talón a Fauria en el Ayuntamiento de Sant Hilari a cambio del que GRS habría recibido una factura de una imprenta en concepto de propaganda de CiU. Fauria compareció ayer acompañado del líder de Convergència en Girona, Pere Vila, que dijo que su partido está “muy preocupado” por el caso.

La dimisión de Carrapiço puede resultar sorprendente, ya que el secretario de organización de ERC en Girona no ha sido imputado por la juez, tal como dejó claro ayer el partido republicano, aunque sí ha declarado en la sede de la Agencia Tributaria. La juez de Lugo ha encontrado indicios de que Carrapiço encubrió, protegió y apadrinó a una militante de ERC y trabajadora de GRS que “robó” al Consejo de la Selva. Se trata de Carme Córdoba, exconcejal de Hacienda en Arbúcies y empleada de GRS en el área de recaudación del Consejo Comarcal, que supuestamente retocó expedientes y canceló deudas que ella y su familia habían contraído con el ente público.

Cuando el administrador de GRS, Alex Ros, se enteró de lo que estaba sucediendo acordó con Fauria despedir a Córdoba y encubrirla por la condición de esta de militante de ERC. Ros temía las represalias políticas y Fauria no quería enfadar a su socio de gobierno en el Consejo Comarcal. Tras probar los hechos, Ros y su socio Josep Maria Franch pensaron que podían poner fin a la situación, pero Carrapiço intervino presuntamente para salvar a Córdoba. Carrapiço, miembro del ente hasta 2011, “admitió” los hechos, pero avisó de que si despedían a Córdoba debían recolocarla y dejarla marchar “sin mácula”. Al final, consiguió que no solo no la despidieran, sino que GRS le subiera el sueldo y la ascendiera. Carrapiço dimitió ayer para “no perjudicar al partido” y por su “compromiso ético”. La dirección de ERC aceptó la dimisión de forma “cautelar”. Córdoba también dimitió como miembro de la comarcal de ERC en la Selva. El partido expresó ayer su “consternación” por la situación.

Antes de Fauria, Carrapiço y Córdoba, había dimitido el teniente de alcalde de Hacienda de Figueres, Manel Toro, al que los investigadores atribuyen un presunto delito de prevaricación por un contrato que el Ayuntamiento firmó con GRS Arc Local.