La indolencia democrática

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, tenía razón cuando aseguró, en la sesión de control al presidente, que el PSPV-PSOE es “una organización pequeña”. En otro tiempo fue más grande, sin duda. No andaba muy fino, en cambio, al criticar que ese partido “es incapaz de pagar la Seguridad Social de sus trabajadores” y preguntarse “¿cómo quieren gestionar una Administración autonómica si son incapaces de pagar sus deudas?”. De deudas e impagos no parece que vaya sobrado de autoridad el Consell del que Ciscar forma parte. El portavoz socialista, Antonio Torres, le respondió que “el PP no tiene problema porque se ha financiado de empresas y de instituciones sin ningún tipo de recato”.

Torres habló en los pasillos de las Cortes Valencianas, pero en el hemiciclo fue más contundente y, en un gesto que le honra, proclamó: “Compañero Jorge, la justicia y el tiempo te acabarán dando la razón. Se trataba de la financiación ilegal del PP”. Nadie negará que tiene enjundia el reconocimiento cuando los actuales dirigentes del PSPV-PSOE, no hace todavía un año, recorrían las agrupaciones propugnando el voto de censura a la gestión de Jorge Alarte porque centraba recursos y esfuerzos en una lucha contra casos de corrupción como Gürtel que no era prioritaria. El argumento que se empleó en el XII congreso de los socialistas valencianos para desalojar de la secretaría general al diputado que hoy ocupa un escaño en la última fila del grupo parlamentario no era extraño. Cierto fatalismo o dejadez empapaba a la opinión pública en relación con los “lodos y la basura” de los que habló Alberto Fabra en la Cámara. Un fatalismo abonado por años de indolencia democrática.

Se trata de una indolencia que viene de la transición a la democracia, que alimentaron los oscuros episodios de la última etapa de Felipe González y que líderes tan sensibles con los derechos sociales e individuales como José Luis Rodríguez Zapatero (con sus leyes de igualdad, de derechos de los dependientes o de matrimonios homosexuales) no hicieron nada por combatir. “¡Maldita sea! ¿Por qué no resolvimos eso entonces?”, confesó Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate sobre el Estado de la nación en referencia al drama de los desahucios. “¡Maldita sea!”, podría haber añadido sobre la postergada ley de transparencia o sobre tantas medidas contra la corrupción que ahora se amontonan en los recetarios y hasta en la mesa del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acuciado por el agitado despertar colectivo ante tanto abuso como se ha producido desde el enorme poder que su partido usufructúa.

Conozco a alguien que sostiene que vivimos, ahora mismo, el periodo más limpio y menos corrupto de la democracia. Y argumenta que el de la corrupción se ha convertido en un tema de preocupación tan fundamental para los ciudadanos que da miedo sobornar o ser sobornado. Puede que tenga razón, y la acción de la justicia tiene que ver mucho en ello. Pero no deja de resultar inquietante el recuerdo de aquellas visitas del entonces ministro y vicesecretario José Blanco para dejar caer a Alarte y los suyos que no insistieran tanto en la corrupción. Tampoco recuerdo, entre el estruendo de la derecha revolviéndose contra jueces y periodistas, haber oído a Zapatero pronunciar nunca la palabra Gürtel.