Sindicatos y entidades se querellan contra Bárcenas por delito fiscal y cohecho

Un grupo de entidades de Barcelona ha presentado esta mañana en los juzgados de Madrid una querella contra Luis Bárcenas en la que le acusa de delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad de contabilidad de partido político derivados de su actividad como tesorero del PP y de su supuesta financiación irregular. Las entidades han actuado así en el ejercicio de la acción popular ante lo que consideran una urgencia de que el caso sea investigado en un juzgado ordinario por la actitud displicente que ha tenido la fiscalía con Bárcenas en los últimos meses.

La asociación que firma la querella es el observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), un grupo de profesionales de diversos ámbitos que trabaja desde hace años en la reivindicación de estos valores. La entidad está presidida por Jordi Borja, exconcejal del PSUC en el Ayuntamiento de Barcelona. Los sindicatos CC OO y UGT de Cataluña, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona se han sumado a la querella.

"Desconfiamos de la fiscalía por la actitud contemplativa que ha mantenido con Luis Bárcenas en todo este tiempo", ha señalado Jaume Asens, uno de los abogados que firman la querella.

La querella relata los pagos de particulares que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas, así como la identificación de particulares que los han realizado y a partir de ahí propone una serie de diligencias. Entre ellas la declaración de los máximos responsables de las constructoras que aparecen en esos documentos como donantes al PP, así como los dirigentes o exdirigentes del PP que figuran como receptores de los pagos.

También se propone al juez que reclame a EL PAÍS diversos documentos que han servido de base de las informaciones publicadas en los últimos días y que el Tribunal de Cuentas remita copia de las cuentas presentadas por el PP entre los años 2002 y 2009 y sus correspondientes auditorias. Otra de las pruebas que se reclama son los documentos referidos a la información fiscal de Luis Bárcenas entre esos años, así como las diligencias realizadas hasta ahora en la Fiscalía Anticorrupción y que la ley obliga a paralizar en cuanto la querella se admita a trámite.

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha intervenido también en la presentación de la querella y ha destacado que se trata de una iniciativa "estrictamente necesaria" ante la situación de corrupción que se desprende de los hechos. Los abogados querellantes y el exfiscal han coincidido en el valor probatorio que tienen los llamados papeles de Bárcenas cuando se abra la investigación judicial y en la necesidad de que se produzca lo que denominan una "corroboración periférica". Es decir que se acredite su veracidad a través de la declaración de personas que han admitido que cobraron las cantidades que se anotaron.

"Es impensable imaginar que alguien se invente esos papeles y realice unas anotaciones tan precisas desde el punto de vista contable. Lo que sí está claro es que se pueden haber mutilado esos apuntes", ha dicho el abogado Gonzalo Boyé.