El hermano de Flores descarga en el empresario las culpas del Madrid Arena

Como era previsible, José María Flores, administrador de la empresa Diviertt y hermano de Miguel Ángel Flores, principal imputado en el caso Madrid Arena, ha declarado este lunes ante el juez que no tuvo ninguna responsabilidad en lo que ocurrió el pasado 1 de noviembre. Cinco jóvenes perdieron la vida en la noche de Halloween en la fiesta del pabellón municipal Madrid Arena, aplastadas en una avalacha humana.

El organizador del evento fue Miguel Ángel Flores, según ha afirmado su hermano, que, según ha dicho, se limitó a firmar el contrato de alquiler con la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), propietaria del recinto. Según ha afirmado ante el juez, él solía firmar los documentos de la empresa relativos a contratos para eventos u otros escritos sin leer su contenido. Confiaba plenamente en su hermano. E ignoraba cualquier aspecto relacionado con la empresa.

Ese es en resumen el contenido de su declaración. El administrador único de Diviertt no ha querido hablar con los medios de comunicación tras declarar durante dos horas ante el juez que instruye el caso, Eduardo López Palop. Todo lo que ha trascendido de su declaración viene de los abogados de las familias.

Uno de ellos, Gerardo Viada, que defiende a la familia de Katia Esteban, ha señalado que José María, cocinero de profesión, se ha limitado a manifestar ante el juez que “desconocía todos y cada uno de los actos que se hacían”. “Firmaba los documentos como apoderado porque se lo decía su hermano”, ha explicado. “No sabe nada de los pagos, de las entradas, del contenido de los seguros. No sabe nada. No ha querido responder a preguntas del Ayuntamiento. Hacía todo lo que decía su hermano. Ignoraba si se habían vendido más entradas”, ha añadido.

Según su relato ante el juez, José María Flores se enteró por su esposa de que algo había pasado. Ella organizaba el concurso de disfraces en la fiesta. “Tenemos un gran problema”, le dijo por teléfono de madrugada. La avalancha mortal se produjo a partir de las 3.45, cuando se bloqueó uno de los pasillos de salida de la pista central. Tres chicas murieron esa misma noche.

José María Flores ha dicho al juez, siempre según los abogados presentes en la sala, que fue entonces cuando acudió al recinto municipal. Lo hizo acompañado de su hermano. El dato es clave para los abogados de las familias: si iba con Miguel Ángel, debió ver cómo se sacaban las cajas con las entradas y se las llevaban a otro lugar. Las cámaras del recinto grabaron ese momento en el supuestamente se ve a Miguel Ángel Flores durante un traslado de cajas. La policía las encontró días después en un edificio cercano al Madrid Arena. Allí contó más de 16.791 entradas, pese que el recinto solo tenía capacidad para albergar 10.500 personas.

Aunque algunos abogados habían solicitado medidas cautelares contra el administrador de Diviertt, el juez no lo vio adecuado. La esposa de José María Flores está embarazada.

Al inicio de la instrucción, Diviertt exigió al Ayuntamiento de Madrid y a Madridec “responsabilidades” por haberle arrendado “un recinto que no reúne las condiciones necesarias para celebrar macrofiestas”, por lo que debía haber sido “precintado y clausurado”. “Diviertt ignoraba las graves deficiencias técnicas y urbanísticas y, en consecuencia, de seguridad que tenía el recinto”, señalaba un comunicado de la empresa publicado una semana después de la tragedia.

El calendario de declaraciones continúa la semana que viene con el resto de imputados en la causa. La siguiente en pasar por los juzgados de Plaza de Castilla será Fátima Núñez, concejal de Seguridad en la noche de la tragedia. Con ella se iniciarán las comparecencias de la cúpula municipal de Seguridad: Antonio de Guindos Jurado, exdelegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad y hermano del ministro de Economía Luis de Guindos; Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal; y Alfonso del Álamo, director general de Emergencias y Protección Civil.

El fiscal de Madrid, Manuel Moix, consideró la semana pasada que la imputación de estos cuatro cargos municipales había sido “precipitada e improcente”. Guindos dimitió tras conocerla. Núñez continúa como concejal. Ambos habían sido retirados de Seguridad por la alcaldesa.