Una de cal y otra de arena

No todos los caminos llevan a Roma. Al menos en política, donde puede pasar que las peticiones de transparencia sean recibidas con reticencias o los brazos abiertos. Depende del interlocutor. Más o menos eso fue lo que pasó cuando la Asamblea de Madrid rechazó —68 votos en contra (PP) por 44 favorables (PSM e IU) y ocho abstenciones (UPyD)— un maremágnum de medidas, 59 que tocaban todo tipo de palos, presentadas por los socialistas. Una iniciativa de la formación magenta, menos extensa y centrada en publicitar rentas y patrimonio de los diputados, y que también pedía la incompatibilidad de sueldos, echó a andar adelante. A fin de cuentas, el PP no podía hacer otra cosa: la semana que viene presenta sendas iniciativas “en aras de las transparencia y la honorabilidad de los políticos” calcadas a las de UPyD.

Pero antes de darle el visto bueno al partido de Rosa Díez, un aliado potencial en 2015, el Partido popular empleó su mayoría absoluta en la cámara para tumbar 59 medidas socialistas que iban desde la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —para que cuando un cargo público esté inmerso en un proceso penal grave se suspenda cautelarmente su acta como cargo público—, hasta la eliminación de todo tipo de aforamiento político para que la justicia sea igual para todos, o el acceso a la información de las empresas que reciben ayudas de las administraciones. “Donde hay política hay libertad. Para mejorar la democracia en Madrid hay que estar en contacto permanente con los ciudadanos, que piden incrementar la honradez. Por ejemplo, es obligatorio establecer un código ético. Y cumplir las promesas electorales. Los ciudadanos están cansados de que les prometan el oro y el moro en campaña electoral”, planteó Óscar Iglesias.

“No podemos aceptar las 59 medidas, esto es una chapuza disfrazada de demagogia. Hace falta desfachatez para hablar de defender los servicios públicos visto lo que han hecho en Parla. ¿Y qué hacemos con Zapatero, que prometió el pleno empleo y nos ha dejado en la ruina? Les falta autoridad moral para pedir transparencia”, se despachó Regina Plañiol (PP). “Rajoy habla de los partidos estrafalarios que han surgido ante el bipartidismo PPSOE. Esto exige una Ley electoral diferente, a nivel estatal, que garantice la igualdad de voto de los ciudadanos, con una mayor proporcionalidad de los ciudadanos”, reflexionó Ramón Marcos (UPyD).

“¿Obligación de cumplir el debate electoral? Entonces cerramos el Parlamento. Hombre, uno no puede hacer como el PP, que no cumple nada... Pero el castigo fundamental debe estar en las urnas, no debe ser un castigo penal. Con sanciones. Miren, faciliten la reforma de la Ley electoral y de Partidos”, añadió. Y su formación se abstuvo para enfado de Iglesias, al que se le notó en la siguiente votación. “La batería de medidas del PSOE son muchas y merecen un debate, pero lo que debe refundarse es la ética política, la responsabilidad y prácticas de un buen gobierno. Todo lo demás es ruido. Este es el debate que la derecha quiere ocultar. Mientras nuestros servicios públicos no sean intocables, no habrá ni profundización ni regeneración democrática”, observó Libertad Martínez por parte de Izquierda Unida.

Más tarde, casi tres horas después, pasadas las 22.30, UPyD argumentó la iniciativa por la que pide, aparte de que sean públicas y fáciles de acceder las remuneraciones y patrimonio de los parlamentarios, que sea “incompatible” cobrar dos salarios públicos, como pasa con varios diputados autonómicos que también son alcaldes, por ejemplo. Y pasó un hecho insólito, muy raro de ver en el Parlamento autonómico: los cuatro partidos votaron lo mismo. Los 124 diputados presentes coincidieron, aunque algunos trataran de negarlo con la boca pequeña, y respaldaron la tramitación de la proposición magenta para endurecer las incompatibilidades de altos cargos en la Comunidad de Madrid.

“Es trascendental que haya luz y taquígrafos para un buen funcionamiento de la democracia. Si somos transparentes y se conoce nuestro patrimonio, nuestra renta y actividades, de esa manera los ciudadanos pueden conocernos. Quienes se dediquen a la política tienen que tener las cuentas claras, se tiene que saber de dónde viene su patrimonio… Lo que ahora puede que servir para el cotilleo, a medio plazo dará normalidad, permitirá mejores comportamientos públicos”, vendió la iniciativa Ramón Marcos.

“Para IU la simultaneidad debería estar prohibida, estamos totalmente de acuerdo. Hace años que esa incompatibilidad existe en los estatutos de IU… Más que luz y taquígrafos, mejor escaño o despacho”, se posicionó a favor Gregorio Gordo. El portavoz de Izquierda Unida insistió en la obligación y necesidad de estar “a favor de la higiene publica y dar transparencia al sistema. Es ético y lógico que remuneraciones y patrimonio sean conocidas por los ciudadanos”. Menos predispuesto se vio a Óscar Iglesias (PSM).

“Vamos a votar a favor de la tramitación, porque somos consecuentes, por responsabilidad. Ustedes reconocieron que la propuesta que presentamos en su momento era más exhaustiva, de hecho presentaron la suya como una enmienda a la nuestra”. “Esto de que tienen grandes ideas… Son pequeñitos porque les votan poquitos”, expresó… Antes de votar a favor. “No conviene pontificar aquí ni venir con actitudes mesiánicas”, reprochó a su manera el PP, que insistió que “siempre apoyará cualquier medida que ayude a mejorar el funcionamiento de la Administración. Con ellas pretendemos dar un paso de calidad”. La semana que viene se votará precisamente la iniciativa para publicar las rentas y patrimonios de los altos cargos del Gobierno y de los 129 parlamentarios. Será un déjà vu, solo que más contundente.