Turismo Valencia pedirá responsabilidad civil a Nóos al final del proceso penal

La Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) reclamará responsabilidades civiles al Instituto Nóos por la organización de tres congresos en la capital durante 2004, 2005 y 2006 si al final del proceso hay condena.

La fundación, que gestiona la promoción turística de Valencia, opta por una fórmula parecida a la ejercida por la Generalitat y luego por la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), que anunciaron que se personarán por la vía civil contra los responsables de Nóos si se acredita que los estafó.

La FTVCB defendió ayer en un comunicado la legalidad de su actuación y aprobó por unanimidad aceptar el ofrecimiento del juez José Castro de emprender acciones legales en defensa de sus intereses. El magistrado de Palma de Mallorca instruye un caso de posible desvío de fondos públicos de la Generalitat valenciana y el Consell balear al Instituto Nóos, que dirigían el duque de Palma y su socio Diego Torres, por la organización de varios eventos.

La fundación valenciana, que se nutre fundamentalmente de dinero público, gastó al menos 1,35 millones de euros en los Valencia Summit, un congreso sobre deporte y ciudad. Una cantidad que EUPV eleva a dos millones de euros.

Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la FTVCB, presentó a sus miembros un informe jurídico, como hizo la Generalitat y la conclusión es que ni la fundación ni el Consistorio de Valencia participarán activamente en el proceso judicial que se sigue contra Urdangarin y Torres.

La entidad que dirige José Salinas insistió en el citado comunicado que la FTVCB es una fundación privada, que se rige por el derecho privado pese a que el Tribunal de Cuentas concluyó en un informe de 2012 que debería ser pública.

Desde que estalló el caso Nóos, el Consistorio valenciano se ha atrincherado en que los Valencia Summit se celebraron. El mismo número dos del Ayuntamiento Alfonso Grau explicó en un pleno municipal que la FTVCB tenía prevista una cuarta edición del Valencia Summit que al final no se celebró porque comenzaron a ver “cosas raras” en el Instituto Nóos, confesó Grau.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha cambiado la posición respecto al caso. En un principio, cuando estalló el escándalo, la propia regidora ofreció datos de los gastado en los tres congresos. Ahora, cada vez que es interpelada por el caso Nóos, responde que el asunto está judicializado y que las acciones judiciales no son asunto del Consistorio sino de la fundación.

El magistrado José Castro insistió en el auto dictado a finales de enero que los convenios con Nóos para los Valencia Summit son fruto de “una actividad delictiva premeditada” y nulos de pleno derecho.

“Las contrataciones que se realizaron con el señor \[Iñaki\] Urdangarin no respondían a ninguna labor concreta ni a ninguna necesidad de interés público sino única y exclusivamente al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real”, recoge el magistrado en el auto.