Mas crea el Consejo para la Transición Nacional para preparar la consulta

Primero fue la declaración soberanista que aprobó el pasado 23 de enero el Parlament y ayer, el Consejo Asesor para la Transición Nacional. El pacto parlamentario entre CiU y ERC que invistió Artur Mas a presidente de la Generalitat se está cumpliendo a rajatabla, al menos en lo que se refiere a la hoja de ruta soberanista.

El Gobierno de CiU creó ayer por decreto ese organismo asesor con el objetivo de facilitar la celebración de la consulta sobre el futuro político de Cataluña. Entre sus funciones figura precisamente la de “analizar e identificar todas las alternativas jurídicas disponibles sobre el proceso de transición nacional”, pues una de las principales incógnitas que planean sobre la consulta es precisamente su legalidad.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado que no autorizará la convocatoria de referéndum, y queda por saber si Mas opta por buscar amparo en una ley de consultas emanada del Parlament que decayó la pasada legislatura y que se recuperará en esta, según el pacto suscrito por CiU y PSC. En cualquier caso, el enfrentamiento parece asegurado, pues no hay concesiones por ningún bando.

Rajoy ya ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la declaración soberanista y desde el Gobierno de Mas se le volvió a reclamar ayer que autorice el referéndum si el presidente del Gobierno está tan seguro de que la mayoría de los catalanes quieren seguir unidos a España, como declaró el líder del PP a The E conomist.

“Si considera que las cosas son así ¿porqué no permite la consulta? Así salimos todos de dudas”, dijo ayer Francesc Homs, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán. “En democracia, cuando hay discrepancias, las cosas se resuelven votando”, añadió.

Mas anticipó en el debate de investidura su decisión de “internacionalizar” el proceso soberanista de Cataluña, al amparo de que el año elegido para la consulta, 2014, es también el año en que se se celebrará también el referéndum en Escocia. En este sentido, el consejo creado ayer tendrá atribuciones para “impulsar la difusión del proceso de transición nacional entre la comunidad internacional” y desplegar las relaciones institucionales para hacer posible la consulta. La hoja de ruta soberanista pactada entre CiU y ERC para hacer presidente a Mas se refiere también a la internacionalización del proceso con el fin de “legitimar la causa y buscar complicidades”.

El PSC dice que el Consejo para la Transición crea confusión e ICV cree que es prescindible

El consejo asesor creado ayer estará formado por entre seis y 12 vocales que designará el propio Mas, además de un presidente, vicepresidente y secretario. Serán técnicos de diversas procedencias que asesorán al Gobierno catalán y no recibirán ninguna retribución.

Paralelamente a la creación del Consejo para la Transición Nacional, el Gobierno catalán propondrá al resto de las fuerzas políticas un “pacto catalán por el derecho a decidir”, con el fin de disponer de un espacio de participación en el proceso de la consulta de autodeterminación. Homs se mostró confiado en que el PSC se pueda sumar a ese pacto, pues los socialistas llevaron el derecho a decidir en su programa electoral de las autonómicas.

Los socialistas no se pronunciaron sobre si se incorporarán a ese pacto, pero si se desmarcaron ya del Consejo para la Transición Nacional. El PSC considera que genera “confusión” en el debate soberanista al apostar por la independencia frente a otras opciones, anulando así su “neutralidad”, mientras que el PP entiende que el Gobierno pierde el “tiempo miserablemente” con estos temas.

Por su parte, Dolors Camats, portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, calificó de “legítimo” pero “totalmente prescindible” este órgano asesor y reclamó la creación de una comisión en la Cámara catalana en la que participen otros partidos, para propiciar el diálogo y consensuar acuerdos en el proceso del derecho a decidir. Jordi Cañas (Ciutadans) inscribió la creación de este consejo asesor en la “línea golpista” de un Gobierno que actúa más como un “comité de operaciones por la sedición” para “dar un golpe contra el Estado de derecho y la convivencia". El diputado de la CUP Quim Arrufat dijo que el proceso soberanista se está “privatizando” y censuró que el Gobierno de CiU confunda esa hoja de ruta con el presidencialismo.