El vicepresidente de Murcia dice que las actas de la CAM no reflejan la verdad

Entre febrero de 2010 y mayo de 2011, Caja Mediterráneo (CAM) “funcionaba correctamente y estaba satisfactoriamente controlada”. Su presencia entre los responsables de la entidad contra los que ha presentado cargos el Banco de España por las irregularidades que llevaron a la caída de la caja no se justifica porque el consejo del que formaba parte tenía delegadas las facultades ejecutivas en el equipo directivo y actuó “de forma eficiente”, teniendo en cuenta que “no le llegó la información que le tenía que llegar”.

Además, ni el informe del Banco de España que alertaba de la grave situación de la CAM, en diciembre de 2010, ni las millonarias jubilaciones de directivos o las remuneraciones retrospectivas del presidente de la entidad, Modesto Crespo, pasaron por el consejo, pese a lo que dicen las actas.

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Murcia, Juan Bernal Roldán, del PP, blindó este lunes cualquier resquicio de responsabilidad propia en el naufragio de la CAM, que tuvo que ser intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 2011 y posteriormente vendida al Banco Sabadell. La comisión de investigación de las Cortes Valencianas, a la que ha rechazado acudir miembro alguno del Consell, vivió la “paradoja”, como la calificó el diputado socialista Ángel Luna, de que compareciera, en cambio, un miembro del Gobierno de Murcia. “Aunque puede que se hiciera alguna referencia, el informe del Banco de España no se leyó íntegramente”, aseguró Bernal. “Lamento decir que el acta no refleja la realidad”.

En parecidos términos se pronunció sobre las reuniones en las que supuestamente se aprobaron jubilaciones y retribuciones. “Nunca he tenido conocimiento de medidas relacionadas con retribuciones ni pensiones. Y si hubiera pasado, efectivamente, no hubiera podido aceptar este tipo de decisiones”, declaró Bernal, que puso así a los pies de los caballos al secretario de actas del consejo de la CAM, Juan Martínez-Abarca, cuya comparecencia está pendiente y a quien calificó, sin embargo, de “gran letrado”. El político murciano sí que justificó haber cobrado dietas de 20.000 euros anuales en empresas participadas como Gesfinmed por el “nivel de responsabilidad”.

“Todos tienen obligaciones menos el consejo de la CAM”, parece ser”, exclamó la diputada de Compromís Mireia Mollà, que indicó que Bernal ha sido apodado “doctor no” en Murcia por su combate contra el déficit público y le preguntó a qué dijo “no” en la CAM, El compareciente confesó haber criticado ciertas decisiones, pero añadió que nunca votó en contra en el consejo porque no debían trascender las discrepancias, ya que “la entidad vive de la confianza del mercado”.

Tanto Mollà como Lluís Torró, de Esquerra Unida, trataron de que Bernal explicara por qué la CAM concedió préstamos al proyecto inmobiliario Polaris World, en Murcia, que resultaron un desastre, pero se negó a responder porque no estaba en el consejo cuando se aprobaron las operaciones. Bernal satisfizo al diputado del PP Vicente Betoret al otorgar al Banco de España la principal responsabilidad supervisora de la CAM, pero le puso también un dedo en el ojo al PP valenciano al añadir que el Instituto Valenciano de Finanzas “forma parte de los mecanismos de control y supervisión y le corresponde un papel en ello”. Con todo, el actual vicepresidente murciano, economista y auditor de formación, proclamó: “De lo que pasó en la CAM todos nos enteramos tarde, incluyendo al Banco de España”.

El socialista Luna le recordó que en sus alegaciones de descargo, Bernal afirma que, más que a una “conducta de negligencia”, lo ocurrido en la CAM se debe a la actuación “continuada y planificada de quienes tenían el control de la entidad”, un “núcleo duro” que formarían el director general, Roberto López Abad, el presidente, Modesto Crespo, los vicepresidentes Ángel Martínez, José Nemesio y Armando Sala, y consejeros como José Forner, Enrique Garrigós o Martín Sevilla. De este último dijo Bernal que fue nombrado, como él, consejero sin estar en la asamblea, “por el partido socialista”. El vicepresidente de Murcia acabó asumiendo que, a su vez, es militante del PP.

Detrás de ese “núcleo duro” se amparó Elia Rodríguez Pérez, taxista de Orihuela, que fue miembro del consejo por los impositores, para justificar que se fiaba de los directivos y de otros consejeros. “Había profesores y exconsellers que sabían más que yo”, señaló. La exconsejera de la CAM Natalia Ferrando, de Villena, también escogida por los impositores, indicó que en la CAM tomaba las decisiones “el comité de dirección apoyado por los partidos políticos mayoritarios”.