El PSC quiere pactar cuándo debe dimitir un político investigado por el juez

Abrumado por el caso de las ITV, que persigue a Oriol Pujol, secretario general de Convergència, Artur Mas, presidente de la Generalitat, se mostró la semana pasada partidario de buscar un consenso entre todos los partidos para decidir qué hacer cuando un cargo público es imputado. Pere Navarro, líder del PSC, planteó ayer también un acuerdo sobre en qué momento debe renunciar a su cargo un político involucrado en un proceso judicial y un código ético común para todas las formaciones regido por la “tolerancia cero”. El debate ha aflorado justo cuando surgen casos que afectan a casi todos los partidos: al PP con el caso Bárcenas; a CiU con el caso ITV; al PSC con el caso Mercurio por el que el alcalde de Sabadell Manel Bustos está imputado en cuatro delitos, o a Unió, condenado ya por el caso Pallerols.

El Parlament celebra esta semana su pleno sobre el que planeará la investigación que afecta a Pujol, presidente del grupo parlamentario de CiU, implicado en la trama que quería amañar adjudicaciones de estaciones de ITV en Cataluña. La fiscalía ha pedido su imputación y ahora la juez del caso debe elevar un informe razonado al Tribunal Superior de Justicia, competente cuando se trata de aforados, por si decide citarle a declarar. El nacionalista ha dejado entrever que si eso se consuma renunciará a sus cargos.

Rull critica el "uso ilegítimo" de los instrumentos del Estado contra el soberanismo

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, socio de CiU, afirmó que si Pujol se retira de la política habrá hecho “mucho más” que cientos de cargos populares y socialistas que siguen en sus cargos pese a tener sentencias en contra. El republicano opinó que Pujol debería dimitir a “riesgo de ser injusto” porque la imputación, dijo, no comporta que se hayan cometido delito ni estar condenado. La figura de imputado implica que el juez observa indicios de delito. Por ello, Junqueras señaló, en Europa Press, que es fundamental una justicia dotada “con recursos suficientes y que sea diligente”.

Convergència no se va a quedar de brazos cruzados. Mientras Artur Mas prepara la segunda cumbre anticorrupción con los estamentos judiciales, calificada por la oposición de una “simple foto”, la dirección del partido nacionalista quiere que la “guerra sucia” entre instituciones y partidos sea calificada de corrupción. Josep Rull, secretario de organización de Convergència, criticó el “uso ilegítimo de instrumentos del Estado” para cargar contra determinadas vías políticas. Aludía de esta manera al recurso presentado por el Gobierno de Rajoy contra la resolución soberanista aprobada por el Parlament.

En ese sentido, Rull confió en que Pujol no sea imputado y, si pasa, lo vinculó a posibles “intereses ocultos”. “Alguien puede querer pretender poner impedimentos desde fuera”, agregó aunque deslizó que si la acusación se confirma, Pujol dará un paso atrás para no ser “un estorbo”. Su postura coincidió con la expresada por el propio afectado cuando lanzó sombras de sospecha sobre la actuación de la fiscalía al insinuar que no era por azar que CiU tenga ahora problemas judiciales. Sus palabras provocaron un serio malestar en el fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, que afirmó: “Como fiscal me molesta que se utilice la bandera para proteger actividades particulares de cada uno”. Rodríguez Sol planteó ayer medidas como que sean públicas las listas de las donaciones a partidos o un blindaje del sistema de contratación para evitar la corrupción en la política.