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Los Mossos niegan ser responsables de la pérdida de unas armas

Una inspectora y un cabo del Camp de Tarragona están imputados por prevaricación

Una inspectora y un cabo están imputados por prevaricación.
Una inspectora y un cabo están imputados por prevaricación.

Los Mossos d'Esquadra niegan ser los responsables de la desaparición de tres armas, entre ellas un fusil de asalto ruso, propiedad del presidente de la Asociación de Armas y Munición de Aragón, Juan Morató. El coleccionista interpuso una denuncia contra la inspectora jefe de la comisaría de Valls (Alt Camp), Maria Antònia Bardina, y un cabo por sustracción de armas y abuso de poder.

La inspectora y el cabo declararon el martes en un juzgado de Valls, imputados por prevaricación. En un principio, la policía autonómica rechazó dar ningún tipo de información sobre el caso, pero ahora el intendente jefe de los Mossos del Camp de Tarragona, Jaume Giné, ha remitido una carta a este diario en la que exime a la inspectora de responsabilidad.

Los hechos se remontan al 20 de julio del 2009 cuando Morató fue parado por un control de los Mossos. Según el relato del coleccionista, se dirigía a una dependencia de la Guardia Civil, policía encargada del control de armas, para regularizar tres armas “anteriores a 1870, dos de ellas inutilizadas”, que había comprado el día anterior en un mercadillo.

Giné señala que Morató “advirtió a los agentes que transportaba dos armas y munición. En el registro se localizaron las dos armas y una tercera escondida que, según él, no recordaba, así como diversas guías de armas y munición. Ninguna guía coincidía con las armas que llevaba”. Morató fue detenido y trasladado a la comisaría de Valls. Allí, cuenta el intendente, en su primera declaración “manifestó espontáneamente que tenía gran cantidad de armas en su domicilio, así como un escondite enterrado en una finca con armas y explosivos”. Los Mossos consiguieron una orden judicial para registrar su domicilio y se incautaron de una treintena de piezas y munición, calcula Giné. Las legales fueron entregadas a la Guardia Civil; las irregulares las enviaron a la Unidad Central de Armas de los Mossos, así como “las guías que no correspondían a ninguna arma”. “Todo quedó debidamente reflejado en el acta judicial que el detenido firmó”, explica Giné.

A partir de ahí, la historia se embrolló y las versiones chocan: “Después, cuando la Guardia Civil en 2011 reclama a Morató que entregue determinadas armas, y dado que no puede dar cuenta de dónde se encuentran, presenta una denuncia responsabilizando a los Mossos de su desaparición y acusa a la inspectora Bardina de un presunto delito de sustracción de armas; armas que los Mossos nunca recogieron y que no figuran en el acta judicial”, sentencia Giné.

En cambio, Morató acusa a la policía autonómica de “destrozar”, metiendo en sacos sin miramientos, su colección y de perder al menos tres armas. Sostiene que todo estuvo urdido por la inspectora porque dos días antes de su detención habían mantenido una acalorada disputa en el establecimiento Can Bosch, en Torrefarrera (Urgell). Su propietario, Josep Maria Bosch, ratificó la discusión entre Bardina y Morató, califica su negocio de “armería”, asociado a tres campos de tiro, y afirma que Bardina irrumpió en la tienda acusándole de tener un muestrario “ilegal”. Los Mossos, en cambio, afirman que no es una armería, sino una “tienda de electrodomésticos” y niegan la discusión con Morató. “La inspectora ni conocía ni tuvo ninguna discusión con el denunciante”, zanja Giné.

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