IU propone medidas legales para frenar las privatizaciones de servicios de agua

IU llevará al Parlamento andaluz la Iniciativa Ciudadana Europea que pretende comprometer a la Comisión con una legislación que entienda el agua como un derecho humano y un servicio público. El portavoz parlamentario de esta formación, José Antonio Castro, afirma que será solo el primer paso de una serie de iniciativas encaminadas a impedir que se use el agua como recurso financiero.

Castro afirma que su formación está estudiando la legislación andaluza para que la situación actual, donde la gestión privada crece, “no vaya más allá y se garanticen los mínimos a los ciudadanos”. En este sentido, el representante de IU, partido que comparte Gobierno con el PSOE en Andalucía, considera necesario completar la Ley de Aguas para “estandarizar normas y criterios en la prestación de los servicios”, evitar la “opacidad en la gestión privada”, poner en marcha el observatorio previsto en la legislación para que analice y vigile la situación del agua y eliminar los cánones concesionales, el mecanismo que permite recaudar y desviar los fondos a capítulos que nada tienen que ver con el agua.

Este canon es el elemento fundamental que, entre otras cosas, ha facilitado que los Ayuntamientos recurran a la privatización e impedido el cumplimiento de los planes de depuración para los que se ha estado recaudando con cada recibo del agua sin que se haya reinvertido en infraestructuras.

“Es absolutamente indecente y debería estar perseguido”, asegura Castro. Y lo está en algunos países, como Francia, donde esta práctica está prohibida en Ley de Transparencia y Anticorrupción, según advierte Luis Babiano, gerente de la asociación de operadores públicos, Aeopas. Babiano explica que la UE insta a que se aplique “el principio general de recuperación de costes” y defiende que sea así, que el usuario pague los costes del recurso (de gestión, de infraestructuras, medioambientales), pero solo eso y no las nóminas, deudas y otros gastos municipales ajenos al agua.

“Es necesario que la ley prohíba expresamente que el destino de los cánones que las entidades públicas perciban por la concesión de los servicios de agua sea otro que las infraestructuras hidráulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta práctica”, añade.

El gerente de Aeopas incide también en que es fundamental asumir que el agua es un derecho humano, algo que considera incompatible con su consideración como negocio. En este sentido, advierte contra la interrupción del suministro por impago, en especial durante épocas de crisis como la actual. “No se debería cortar el agua a aquellas personas que puedan aportan alguna documentación en la que se demuestre que no tienen capacidad económica”, reclama.

Por último, coincide con Castro en la necesidad de crear el observatorio previsto en la ley.