“La Justicia no es igual para todos”

Carlos Rueda Beltrán (Jaén, 1952) no podrá ir a la huelga de jueces y fiscales convocada para el día 20. Su cargo de fiscal jefe se lo impide, pero eso no significa que no apoye las quejas de sus compañeros respecto a las últimas reformas puestas en marcha por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. “Comparto todas las peticiones que se hacen”, dice Rueda, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPM). Antes de su nombramiento el pasado noviembre como fiscal jefe de Jaén (su antecesor, José María Casado, fue trasladado a la Fiscalía del Tribunal Supremo) Carlos Rueda pasó por Barcelona, San Roque, La Línea y una amplia etapa como teniente fiscal de la Audiencia de Jaén.

Pregunta. ¿Cómo está afectando la crisis económica al funcionamiento de la justicia?

Respuesta. A nivel interno afecta en materia de personal y de cara a los ciudadanos tiene una incidencia clara. Por ejemplo, con la Ley de Tasas Judiciales, cuyo ánimo es recaudar. Tras su entrada en vigor los litigios han disminuido en términos generales un 25%. Al establecer la tasa de una manera lineal, y no de forma progresiva como se hace en los impuestos, queda una clase media, los que tienen los sueldos raspadillos, a la que le va costar mucho esfuerzo poder litigar. Si para recurrir una multa de 100 euros hay que pagar una tasa de 200 parece algo incongruente.

P. Está claro, por tanto, que ahora habrá diferentes tipos de Justicia.

R. Claro, por un lado, la Justicia no es igual para todos porque quien tenga menos recursos para litigar va a estar en desventaja con respecto a las personas que contraten los servicios de los principales bufetes de abogados. No obstante, desde el punto de vista de los jueces y fiscales la justicia es igual para todos; nosotros no hacemos ninguna distinción en cuanto a la capacidad económica de las personas, pero lógicamente el que tiene más medios consigue más cosas que el que no los tiene.

P. ¿Este tipo de leyes distancian a la justicia de los ciudadanos?

R. Uno de los males de la Administración de Justicia es que tenemos muy mala prensa, la justicia suele estar de las últimas instituciones en cuanto a valoración ciudadana, aunque esté por encima de la clase política, y no sé a qué se puede deber. En mi ámbito personal, mi intención es abrir más la fiscalía a los ciudadanos, que la conozcan, que sepan qué es lo que hacemos, todo ello para intentar dar una imagen distinta del fiscal y de la justicia.

P. Pero para eso sería bueno acortar los tiempos en los procesos.

R. Sí, eso sería buenísimo, pero es algo muy difícil por la falta de medios que tenemos. Por ejemplo, los juzgados de lo Penal están sobrecargados y están dictando más sentencias de lo que le exige el Consejo General del Poder Judicial y no tienen más fechas para celebrar juicios. Eso da lugar a que pequeños juicios, como robos, no se juzguen al menos hasta 2014. De ahí mi interés en potenciar las conformidades entre las partes que eviten los juicios y alivien la saturación de los juzgados.

P. ¿Cómo están funcionando los juicios rápidos?

R. Funcionan bien en general los que se incoan desde primera hora. Lo que pasa es que los que quedan aparte por incomparecencia de los acusados o por otras razones entran en el proceso normal y se alargan. Delitos como conducir sin permiso o en estado de embriaguez no podemos tardar en resolverlos año y medio o dos años.

P. ¿Están surgiendo nuevos delitos asociados a la crisis?

R. Los delitos más frecuentes siguen siendo contra el patrimonio, robos, hurtos, estafas… Y también los delitos contra la seguridad vial. Pero sí se está detectando un incremento en los delitos cometidos a través de Internet, tanto estafas como los que afectan a la intimidad de las personas en la Red, que están dando lugar a un nuevo tipo de delincuencia.

P. La corrupción política es uno de los temas que más bochorno causa entre los ciudadanos. ¿Hacen falta reformas o más contundencia judicial?

R. Es difícil luchar contra este tipo de delincuencia con los medios que se tienen. La Audiencia Nacional ha pedido más medios personales y materiales. Y también es difícil desde las fiscalías investigarlos cuando estamos sometidos a unos plazos en nuestras diligencias de investigación que, aunque se ampliaron para los casos de corrupción, siguen quedándose cortos porque en la mayoría de los casos hay que acudir a organismos o bancos extranjeros para solicitar datos sobre cuentas secretas. Son plazos de uno y dos años que son muy cortos para investigar este tipo de delincuencia y pueden dar lugar a prescripciones o a dilaciones en su tramitación que luego benefician al presunto autor.

P. ¿Y la responsabilidad de las entidades financieras por sus productos tóxicos?

R. En Jaén, hemos trasladado a la Policía Judicial 34 casos de afectados por las participaciones preferentes. Es evidente el malestar creado en la población, porque normalmente se le ha vendido a personas mayores con escasos o nulos conocimientos financieros y que desconocían lo que en realidad estaban firmando.

P. ¿Puede hablarse de mala fe?

R. En términos generales, en este caso sí me atrevo a decir que ha habido mala fe.

P. ¿Qué soluciones hay?

R. Desde el punto de vista jurídico hay tres posibilidades para intentar arreglar la situación. A través de Consumo; a través de la jurisdicción civil, mediante la rescisión del contrato por tener cláusulas abusivas; y por la vía penal por engaño manifiesto, pues hay personas a las que, sin su conocimiento, se les ha sacado su dinero del plazo fijo y se ha metido en preferentes, falsificando su firma y apropiándose de su dinero.

P. ¿Qué opina de los indultos, que generan malestar sobre todo cuando afectan a políticos y banqueros?

R. Indultos siempre ha habido, lo que pasa es que muchas veces se han dado en contra de la opinión del fiscal. Es verdad que se indulta a muchos políticos y banqueros. Lo que ocurre es que al ser un derecho de gracia no se dan explicaciones de por qué se conceden los indultos y eso da lugar a situaciones injustas. De hecho, ya son muchos los abogados que esgrimen casos de desigualdad con respecto a sus clientes. El problema es que no se conoce el criterio del Gobierno de turno para conceder los indultos, y sería bueno que se conocieran las razones.