El exalcalde de Castelldefels, imputado por irregularidades urbanísticas
Agustín Marina pudo causar un perjuicio económico de 15 millones a las arcas municipales
El exalcalde socialista de Castelldefels Agustín Marina declara hoy como imputado en un presunto caso de corrupción urbanística en el que también están implicados un extrabajador municipal y la exgerente de la empresa local Projeccions. Marina fue alcalde de 1979 a 2002 y, según los investigadores, pudo causar un perjuicio económico de 15 millones de euros a las arcas municipales en connivencia con trabajadores municipales y un empresario.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Gavà toma hoy declaración como imputado a Marina, después de recibir un informe de la Guardia Civil en el que se detallan las presuntas irregularidades de numerosos proyectos urbanísticos ejecutados en la ciudad en los últimos años; muchos de ellos, durante el mandato de Marina.
El caso se destapó tras el envío de una documentación de forma anónima al actual alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes (PP), tras acceder al cargo en 2011. “Eran una veintena de páginas con mucha información sobre varios proyectos urbanísticos, propiedades de concejales y de trabajadores del Ayuntamiento y, ante tal volumen de información, se puso en conocimiento de la Guardia Civil”, declaró el alcalde a Europa Press.
Denuncia
Hace tres meses, el juzgado de Gavà pidió al Ayuntamiento información sobre numerosos planes urbanísticos detallados en el anónimo y sobre las empresas municipales, y la Guardia Civil también ha acudido a consultar información al Consistorio. Según avanzó ayer El Periódico de Catalunya, además del exalcalde están imputados el exarquitecto municipal y la exgerente de la empresa Castelldefels Projeccions, así como un empresario que pudo beneficiarse de las operaciones urbanísticas.
El alcalde Manuel Reyes añadió que el exarquitecto municipal se jubiló hace unos meses, mientras que la exgerente de Castelldefels Projeccions fue despedida de su puesto “al constatar que estaba trabajando para empresas privadas del sector inmobiliario y con un sueldo multimillonario”.
Reyes avanzó que la Junta de Gobierno local decidirá este jueves si se persona como acusación particular “para conocer qué ha pasado, poder acceder al sumario y, si ha habido perjuicio económico para la institución, poder pedir las responsabilidades económicas y políticas que toquen”.
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