La fiscalía acusa a dos funcionarios de Granada por espionaje informático

La fiscalía se ha querellado contra dos funcionarios del Ayuntamiento de Granada por acceder a las nóminas de otros compañeros y de diversos cargos políticos, entre ellos la del alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP). El ministerio público les atribuye un delito de revelación de secreto cometido por funcionario público y otro en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información, que conllevan penas de hasta cuatro años de prisión y de inhabilitación de hasta 12.

Desde la incorporación de esta modalidad delictiva por la reforma del Código Penal de 2010 —un delito de ataque a sistemas de información cometido por funcionario público— es la primera vez que se hace uso, según precisó este martes la fiscalía.

La pretensión de los denunciados era, según consta en la querella, acreditar la supuesta “inseguridad” del Sistema de Información Municipal del Ayuntamiento (SIM), por lo que accedieron, sin estar ya adscritos al sistema tanto desde terminales del centro como desde otros en el exterior. Lo hicieron fuera de horario laboral y de un modo no documentado en la aplicación principal. Lo que vulneró las medidas de seguridad para garantizar el acceso a los documentos económicos.

Los acusados por la fiscalía ocuparon los puestos de director técnico del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de Granada y de subdirector del soporte, respectivamente. En julio de 2011, fueron destituidos en una reorganización administrativa. El nuevo director reclamó varias veces a su predecesor —que había desarrollado el SIM— que le entregara el código fuente de la aplicación, pero este se negó. Por su comportamiento, le fue retirado el permiso de acceso al sistema informático.

Los acusados ocuparon los puestos de director técnico del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento y de subdirector del soporte

Desde noviembre de 2010, estuvo operativa una aplicación, diseñada por el equipo del ahora denunciado, para la consulta de nóminas de la Corporación. El fichero estaba inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Se implantó en la Gerencia de Urbanismo en junio de 2011 y, tras comprobarse su buen funcionamiento, se extendió su uso al resto de funcionarios, así como la posibilidad de ser consultado por Internet, no solo en la Intranet municipal.

El proyecto se puso en explotación definitivamente en marzo de 2012 y no había generado problema alguno de seguridad. En mayo de ese año se realizó una actualización, tras la cual comenzaron a producirse accesos no autorizados durante más de diez horas. Se accedió a nóminas de personal del centro y otros cargos, como la secretaria de la Corporación o el propio alcalde.

El acceso a la nómina de la secretaria sirvió para que uno de los acusados comunicara al concejal responsable la vulnerabilidad del sistema. Sin embargo, se produjeron otros accesos que no fueron comunicados. Para gran parte de ellos se emplearon los certificados digitales de los denunciados. El fiscal cree que estos buscaban “comprometer” la imagen de la Corporación local en materia de seguridad informática.