El secretario de Baltar admite que los enchufes vulneraron la ley
La Operación Pokémon alcanza al baltarismo con la imputación de un alcalde
El proceso judicial por los enchufes en la Diputación de Ourense acorrala a José Luis Baltar. Ayer prestaron declaración ante el juez de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, el actual secretario de la Diputación, Francisco Cacharro, y tres enchufados. Cacharro, hijo del histórico barón del PP de Lugo, corroboró irregularidades en el proceso de contratación de los 104 enchufes investigados. Así, aseveró que se “incumplieron los trámites previstos por la ordenanza en relación a la publicación del concurso”. Esto es, que no se publicitaron los puestos de trabajo, tal y como obliga la legislación que regula la contratación de personal. Precisamente la fiscalía sustenta su acusación en esa ausencia de publicidad.
Cacharro, que emitió en su día un informe avalando las contrataciones, matizó que solo “avaló la urgencia y la necesidad de los contratos, pero no el procedimiento” por el que ahora está encausado Baltar. En su declaración, explicó que no certificó la ilegalidad de las contrataciones porque no es su trabajo, pero que sí advirtió irregularidades en el “proceso administrativo”. Ante los medios, insistió en que debe explicar la legalidad del proceso “el que los contrató”, es decir, el exbarón. Cacharro llegó a reconocer que las denuncias sobre enchufismo que rodean al clan Baltar “le suenan”. Sin embargo, “no le constan” irregularidades en los procesos de contratación desde que Baltar hijo heredó el cargo.
Los enchufados que ayer desfilaron por el juzgado, Ana Isabel Barreira (auxiliar administrativa), Lorena Camino (monitora) y Nabor Blanco (peón), al igual que los testigos citados la pasada semana, no supieron explicar por qué fueron contratados. Según el abogado de la acusación popular del PSdeG, José Arcos, los testigos dijeron “medias verdades” en medio de “declaraciones que insultaron el entendimiento humano tratando de justificar determinadas conductas injustificables después de haber reconocido que accedieron al cargo incumpliendo la normativa”. Como hace una semana, Arcos insistió en que “intentaron proteger” al cacique incurriendo en mentiras. Por el momento, el letrado evita concretar si solicitará la declaración de Baltar hijo, ya que algunos de los enchufados han reconocido que ha sido contratados de nuevo desde que este es presidente provincial.
Mientras, la juez lucense Pilar de Lara, que investiga la trama Pokémon, relacionada con supuestos sobornos a políticos por parte del grupo de empresas Vendex, abrió ayer un nuevo frente para el baltarismo. De Lara envió a primera hora de la mañana de ayer a un agente judicial a O Carballiño (14.000 habitantes) para notificar al alcalde, el popular Argimiro Marnotes, brazo derecho de Baltar hijo, su imputación por los supuestos delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos. Es el quinto imputado por esta trama de corrupción. Dos de ellos, el de Ourense (PSdeG) y el de Boqueixón (PP), dimitieron en su día. El alcalde socialista de Lugo y el popular de Santiago ya han declarado como imputados. En esta última ciudad también está imputada la edil del PP Rebeca Domínguez, que ayer prestó testimonio ante la juez por segunda vez.
Marnotes (O Carballiño, 1966) no es un alcalde más en Ourense. Es uno de los pilares sobre los que se asienta el nuevo baltarismo, de la misma forma que su padre, exalcalde del mismo ayuntamiento, ya lo había sido también del antiguo baltarismo. Dos horas después de conocer las imputaciones, el regidor de O Carballiño compareció ante los periodistas para mostrarse “alucinado” y negar cualquier posible delito. Lo hizo flanqueado por su grupo de gobierno. Entre sus apoyos en ese momento crucial se encontraban una de las enchufadas de la Diputación a la que el instructor del caso Baltar tomó declaración la semana pasada y la esposa del juez que instruye ese caso, Teresa Cedeira, concejal del gobierno local. Amparado en ellas —ambas sentadas a cada uno de los lados del alcalde— y en el resto del grupo de gobierno, Marnotes negó las acusaciones y aseguró que cuenta con el respaldo total del presidente provincial, Baltar Blanco, quien, según precisó, lo reforzó en su idea de no dimitir y le transmitió tranquilidad.
La defensa de Marnotes fue prácticamente un calco de la que en su día realizó el anterior alcalde ourensano, el socialista Francisco Rodríguez, cuando la instructora de la Pokémon lo dejó en libertad bajo fianza tras acusarlo de cohecho y prevaricación. “Yo le rescindí el contrato a Vendex cuando llegué a la alcaldía”, en 2009, echó balones fuera ayer el regidor quien, al igual que el socialista, interpretó la imputación como una vendetta de la empresa por ese mismo motivo. Más tarde, reconoció que había contratado a Vendex para instalar el césped del jardín de su casa. Marnotes admitió que no ha pagado esa obra, pero se escudó en que la empresa aún no le ha pasado la factura.
El regidor forma parte del equipo de Baltar Blanco en la Diputación y su mujer, Montserrat Rodríguez, está empleada en la institución. odríguez se hizo en 2009 con la plaza de técnico superior en Desarrollo Local y Recurso Europeos. En el primer examen se despejaron todas las dudas: su nota fue de un 6,20 frente a los ceros de ocho aspirantes y el 0,10 del noveno que, junto con ella, competían por ese empleo. Un amigo del matrimonio y vecino del pueblo, Juan Cerdeira Lois, era miembro del tribunal en el que figuraban, como es habitual, otros parientes de cargos del PP. Cerdeira Lois es otro de los testigos de este municipio citado por el juez Leonardo Álvarez en el caso de los encufes. Fuentes próximas al juez han confirmado a este diario la presión “bien llevada” que supone para Álvarez esta instrucción considerando que buena parte de los citados a declarar son, cuando menos, conocidos personales.
En cuanto alcanzó la alcaldía de O Carbaliño, Marnotes, aparejador de profesión, aplicó la tesis del baltarismo de desoír los principios de austeridad predicados por la cúpula del PP gallego. Abandonó el empleo en Xestur —al que accedió durante la presidencia de este organismo por otro carballiñés, Juan Carlos Cabanelas, hijo también de un alcalde baltarista— y en la primera sesión plenaria se subió el sueldo con respecto al de su antecesor, el socialista Carlos Montes. Pasó de los 40.444 euros de su antecesor a los 51.300 anuales, aunque después lo ajustó y lo dejó en la misma cantidad que el socialista. Marnotes percibe, además, unos 1.200 euros mensuales por sus asistencias a plenos, juntas de gobierno y comisiones en la Diputación. En el organismo provincial es el encargado de negociar con los sindicatos un ERE para más de 30 empleados.
