La Operación Torre destapa un coladero de facturas falsas en Ferrol

El 27 de enero de 2012, la irrupción de un grupo de agentes de paisano de la policía judicial en el Ayuntamiento ferrolano para registrar los despachos de la Concejalía de Obras, puso patas arriba la política local. Requisaron cinco cajas de facturas y documentos, dos pendrive —uno de ellos apareció tirado en el cuarto de baño del consistorio— y los discos duros de tres ordenadores, además de registrar las oficinas de la empresa e intervenir decenas de correos electrónicos.

Un año después, a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional de A Coruña no le cabe duda de que, durante muchos años, en Ferrol se adjudicaron a dedo cantidad de contratos fraccionados irregularmente como obras menores (menos de 50.000 euros) a dos empresas, Parquet Albanese, SL y Sanmartín, SA, en connivencia con dos aparejadores municipales y con el visto bueno de los interventores y ediles delegados.

En el informe final de la Operación Torre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la UDEF sostiene que por el coladero del Ayuntamiento ferrolano entraban facturas de estas dos firmas sospechosas de ser “falsas, dobles o irregulares”. Constatan que “en multitud” de ocasiones, los técnicos certificaban “por encima de lo presupuestado por el contratista” y sospechan que el empresario “amoldaba la factura final a lo certificado por los técnicos”, prueba de que los contratos estaban, supuestamente, amañados. La diferencia entre lo que las obras costaban en realidad y lo que el Ayuntamiento pagaba está en el origen de una investigación que trata de dilucidar quién se enriqueció con ese dinero público.

La investigación se atascó en 2012 durante varios meses porque la Fiscalía ferrolana se sumó al recurso de Albanese para invalidar las escuchas y registros que ponían en apuros a varios funcionarios y políticos de la corporación. El 26 de diciembre, la Audiencia de A Coruña dio la razón al instructor, Alejandro Morán, y validó todas las diligencias realizadas de modo que la operación ha vuelto a tomar impulso este año con una cascada de imputaciones y citaciones judiciales.

Por el juzgado número 3 de Ferrol han desfilado en los últimos 15 días los ocho imputados: los apajeradores locales Mar Piñeiro y David Couselo, los gerentes de Albanese y Sanmartín, Dolores Rico y Guillermo Sanmartín, el exinterventor municipal Manuel Vázquez —ya jubilado— y el actual, Vicente Calvo, y los exconcejales socialistas de Obras y Urbanismo Gerardo Castrillón y Ángel Mato. Están encausados por presuntos delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Tres de ellos —los dos técnicos y Castrillón— se negaron a declarar alegando que desconocían los ocho tomos del sumario y la imputación de Mato podría sobreseerse en breve, indican fuentes del caso. El martes pasaron por el juzgado como testigos el exalcalde socialista Vicente Irisarri y su edil de Hacienda Ramón Veloso, para aclarar cómo funcionaba la Oficina Presupuestaria que montó el PSdeG y desmanteló el PP, y que fue la que detectó errores de bulto en la contabilidad local.

Aunque inicialmente la causa rastreó las facturas del último mandato del PSOE, de 2007 a 2011, el magistrado ha optado por retroceder en el tiempo hasta el gobierno popular de 2003 a 2007, con el actual alcalde, José Manuel Rey, como edil de Economía y Hacienda, porque entre el paquete de facturas analizado por la UDEF figura uno de 2006 con varios contratos menores en favor de Albanese.

Antiguos empleados de esta firma han contado a la policía que desde los noventa hicieron pequeños arreglos en las casas particulares del exalcalde del PP Juan Blanco y de Rey Varela (cuando este aún era concejal); de la exsenadora Margarita López; y de dos ediles populares, Román Cenalmor y Manuel Bustabad. También en el bar del edil socialista Gerardo Castrillón y en la vivienda del exedil del BNG Xosé Lastra. La UDEF requirió a Albanese las facturas de estos trabajos pero la empresa aún no las ha mostrado.

A la policía le llamó la atención que los técnicos anotasen sobre los expedientes de las obras municipales “llamar a Albanese” o “para Albanese”. Los agentes sostienen que los funcionarios de Obras y los contratistas se ponían de acuerdo para “amañar” las facturas por encima de su coste real. Así se hizo, al menos, en 17 certificaciones que sumaron 65.477 euros de dinero sin justificar que no se sabe a qué obras o bolsillos han ido a parar. En 2010, Albanese pasó recibos por 646.396 euros, el resultado de sumar muchas pequeñas facturas (por debajo de 3.000 euros o un poco más).