Los partidos pactarán normas para que los ciudadanos accedan al Parlamento

El malestar social que se extiende sin freno en Galicia por el paro, los escándalos financieros y los recortes en los servicios públicos empieza a sacudir incluso el reglamento y los hábitos por los que se rige el Parlamento. La presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, y todos los partidos acordaron ayer negociar unas normas por escrito para regular el acceso de los ciudadanos a la tribuna de invitados del hemiciclo, después de los incidentes ocurridos en los últimos plenos, que incluyen desde insultos y amenazas a diputados del PP por parte de ahorradores que han perdido dinero por las acciones preferentes hasta la decisión de Rojo de arrogarse la facultad de elegir qué personas pueden entrar en el hemiciclo.

La presidenta del Parlamento anunció ayer que enviará a la junta de portavoces de los grupos políticos una propuesta de normas sobre las que no quiso adelantar detalles. Se limitó a explicar que el documento recogerá por escrito los “acuerdos tácitos” que hasta ahora regulaban el acceso como público a los plenos —es decir, que cada partido pueda llevar a sus invitados sin ningún tipo de filtro y que si alguno de ellos es expulsado no pueda volver a entrar—, así como algún requisito más que no desveló. La oposición ya ha advertido que no quiere más restricciones y que primará el derecho de los ciudadanos a asistir a los plenos.

Ante la negativa de Rojo a avanzar detalles de las normas que propondrá a los grupos, fue el portavoz del PP, Pedro Puy, el que anunció que la presidenta levantará el veto a los invitados de la oposición. Esta medida fue la que provocó la fractura sin precedentes en el Parlamento gallego y un plante histórico de los diputados de PSdeG, AGE y BNG en el pleno de Presupuestos por el que Rojo no descarta repartir sanciones. Puy aseguró que se recuperarán los “hábitos normales”, unas “normas consuetudinarias” que “se quebraron por unos incidentes graves”. El popular llamó a la oposición a “colaborar” con la presidenta de la Cámara porque es la encargada de “mantener el orden”: “Es entendible que muchas personas que discrepan de una política o estén afectadas quieran asistir a un debate, pero su presencia en directo no puede afectar al normal funcionamiento de la Cámara y los trabajos de los grupos parlamentarios”.

La oposición expresó ayer su disposición a negociar las normas pero no a cualquier precio. El socialista José Luis Méndez Romeu avisó que el derecho de los ciudadanos a ir a los plenos es para su partido “irrenunciable”, mientras que el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, advirtió que no aceptará que las normas supongan blindar el Parlamento ante el malestar creciente de los ciudadanos. “Los principios constitucionales están por encima de los reglamentos”, recordó Beiras. Francisco Jorquera, del BNG, aplaudió la “rectificación” de Rojo y animó a la presidenta de la Cámara a confiar en la “buena fe” de los grupos parlamentarios. “El Parlamento no puede ser un club privado con derecho de admisión”, añadió el nacionalista.

Pese a estos primeros pasos hacia un acuerdo, la presidenta del Parlamento mantiene su intención de sancionar a los diputados de la oposición que abandonaron el pleno de Presupuestos en protesta por su decisión de vetar como público a todo ciudadano no invitado por el PP. La popular ha encargado un informe a la asesoría jurídica de la Cámara y tomará una decisión cuando lo tenga en sus manos. Tras la bronca sin precedentes de este semana, Rojo se mostró aliviada por la disposición de PSOE, AGE y BNG a negociar unas normas para el acceso a la tribuna. Tan negro debía de ver el panorama la presidenta que ayer incluso agradeció a la oposición que hubieran aceptado reunirse con ella.