El Gobierno recurre al Constitucional la ley catalana de horarios comerciales
La Generalitat elaborará una nueva norma para burlar la impugnación
Nuevo recurso del Tribunal Constitucional (TC) a una ley catalana. El Gobierno anunció ayer que impugnará ante el alto tribunal la ley de horarios comerciales, que el Ejecutivo catalán aprobó por decreto el pasado octubre.
La Generalitat redactó la normativa para intentar burlar la ampliación de horarios que había fijado el Gobierno central en julio; por ello elaboró su propia ley que limita a 12 horas la apertura diaria de cada establecimiento y permite, como máximo, abrir ocho días festivos al año. El Consejo de Ministros tramitó ayer el recurso, al entender que la ley catalana “afecta a la legislación básica” que puede dictar el Estado, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno considera que las autonomías tienen competencia para dictar la ordenación de su comercio interior, pero con límites. El Ejecutivo del PP mantiene que la regulación catalana no respeta el “mínimo común denominador” fijado por la norma básica, que recoge que serán los establecimientos comerciales los que pueden determinar libremente el horario de su actividad así como su periodo de rebajas.
La guerra de los horarios comerciales no concluirá con el recurso al Constitucional. El consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, se apresuró ayer a anunciar que el Gobierno catalán intentará burlar el previsible veto del Constitucional aprobando una ley de horarios comerciales nueva. La norma recogerá los preceptos del anterior decreto y se tramitará por vía urgente para intentar blindarse del “ataque” del Estado, en palabras de Puig. “Reiteradamente han querido acabar con lo que ellos entienden que es la diferencia, y la diferencia es nuestro proyecto de país”, apuntó el consejero, que concluyó: “Sinceramente, creo que debemos explicar a los ciudadanos que no solo estamos delante de un expolio fiscal, sino también competencial”.
Puig enmarcó el recurso en el reguero de impugnaciones al Constitucional que el Gobierno ha realizado ante leyes aprobadas por la Generalitat, como por ejemplo el euro por receta. El consejero defendió que el sector comercial catalán “apoya” a la Generalitat y que por ello, ante la duda, seguirán considerando de aplicación la normativa catalana.
El secretario general de la Confederación Catalana de Comercio, Miguel Ángel Fraile, salió en defensa de la Generalitat. En declaraciones a Europa Press, Fraile pidió al Gobierno catalán que presente un recurso para levantar la previsible suspensión que el TC aplicará sobre el decreto de horarios comerciales. Según Fraile, la aplicación del decreto del Ejecutivo central podría causar “efectos irreparables” en el comercio catalán. El representante de los comerciantes aseguró que se mantendrán “firmes” defendiendo el modelo de la Generalitat porque ha sido pactado con el sector y los sindicatos.
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