Se busca responsable bajo la cubierta caída de Las Ventas

No hay nada como un accidente o un error para que surjan los porqués. El derrumbamiento, días antes de su puesta de largo, de la cubierta de la plaza de toros de Las Ventas ha dejado al aire las intimidades de un procedimiento oscuro. ¿Por qué no se convocó un concurso público para acometer un cambio sustancial en la arquitectura de un edificio emblemático declarado Bien de Interés Cultural desde 1994? ¿Por qué se dejó ese proyecto en manos de Taurodelta, la empresa que tenía los derechos de explotación del coso? ¿Por qué ésta, a su vez, le cedió a Warner Music —la empresa que se haría con la exclusividad de la celebración de eventos en los próximos tres años— la contratación de los equipos de ingenieros que crearían y montarían ese techado? ¿Por qué seleccionaron empresas foráneas —la francesa Spandec— para fabricarlo en Estrasburgo y otras —Grupo Plus— para instalarlo? ¿Quién firmó en la Comunidad de Madrid el visado del proyecto y por qué? ¿Por qué los políticos regionales, por la boca de su portavoz, Salvador Victoria, aseguran que “no habrá una segunda oportunidad” para cubrir la plaza?

Cualquier arquitecto se habría quitado de debajo, dice De Aroca

Hasta Filippo Brunelleschi se presentó a un concurso público para construir la imponente cúpula de Santa María de Fiore, el rasgo característico de Florencia. Pero nadie convocó nada ni preguntó cuando lo que se planteó fue techar uno de los ruedos más emblemáticos de España. Bueno, peor aún. Hubo quien fue preguntado a priori (y obviado) y prefiere no recordar públicamente cual fue su valoración del proyecto ahora, a posteriori. Hay miedo.

Que si “no era necesario ningún concurso porque la explotación le pertenece a una empresa privada [Taurodelta]”. Que si “el hecho de que sea un edificio protegido exige una supervisión, pero bastaba con que no dañase el edificio y con que no se viera la carpa desde fuera”. Que si “además se trataba de una estructura de quita y pon”. Que si, “por supuesto, no le costaba un euro a la Comunidad”... Esos son los argumentos que se lanzan desde presidencia y el de Patrimonio Histórico, que son los que fueron informados acerca del proyecto por las variadas empresas implicadas y los que le dieron el visto bueno a la instalación.

No era necesario concurso porque es una empresa privada, dice la CAM

Pero ahora que el invento se ha desplomado a la vista de todos, los que auparon las 160 toneladas de cubierta dispuestos a hacerse una foto histórica hoy —cuando estaba prevista la gran fiesta de inauguración—, parecen escabullirse de sí mismos y de las preguntas de los periodistas bajo ese amasijo de telas blancas y aluminio que oculta, sobre todo, una responsabilidad de millones de euros que alguien va a tener que pagar. Sólo la carpa costaba cuatro.

“Los aspectos técnicos del proyecto debe explicarlos la empresa concesionaria”, dicen en la Comunidad. “Lo que tiene que ver con las empresas implicadas tiene que explicarlo Warner, que es quien las contrató”, dicen los de la concesionaria... Y así... Mientras, todos leen la letra pequeña de los seguros contratados y hacen sus cuentas.

La cosa es suficientemente seria como para que un grupo de ingenieros entrara ayer por la mañana a valorar técnicamente lo ocurrido. Pero no sin antes firmar varios documentos con cláusulas de confidencialidad, según aseguran compañeros de esos especialistas consultados.

Los arquitectos preguntados coinciden en el análisis: “Había un problema de estabilidad”. La estructura se ha torsionado, tal y como se deduce de los planos cenitales de las fotografías. “No había nada, ningún elemento, para resistir ese movimiento giratorio posible y que no se tuvo en cuenta. Habría bastado con unos cablecitos. Pero cualquier arquitecto que hubiera visto esa estructura antes de caerse se habría quitado de debajo”, dice Ricardo de Aroca, ex decano del Colegio de Arquitectos. Es precisamente el COAM, que ya ha programado una mesa de debate sobre el asunto la semana próxima en su sede, quien se queja de “una oportunidad perdida” y quien reclama, a través de su actual presidente José Antonio Granero, “un proyecto realizado por profesionales que velen por el interés público y no sólo por la rentabilidad económica, mediante un concurso que garantice la excelencia”. Filippo ganó varios antes de ser Brunelleschi.