“Los inmigrantes que no tengan trabajo, que no vengan a gorronear”

Robledo de Chavela tiene unas enormes orejas de la NASA para escuchar el universo profundo y un alcalde que hace oídos sordos a los derechos de los extranjeros. Desde hace más de dos años, Mario de la Fuente, del PP, se niega a que los inmigrantes sin contrato de trabajo sean empadronados en su municipio.

Sabe que contraviene la ley, que empadronarse es un deber y un derecho de todas las personas y que solo se requiere demostrar un domicilio en la localidad de que se trate. “No me voy a bajar de la burra”, dice el regidor, “me da igual si a la gente le gusta o no. Los inmigrantes que no tengan trabajo, que no vengan a gorronear. Así de clarito”. De la Fuente sabe que incumple la ley, pero arguye que “también se incumple la Constitución, que dice que los españoles tienen derecho a un trabajo y una vivienda digna”. Y no teme las consecuencias: “¿Qué me van a hacer? Si aquí no cumple nadie la normativa”.

“Ni él es un señor feudal ni yo una sierva de la gleba”, dice Odalys Chamizo Mendoza, traductora y documentalista cubana de 52 años. El pasado jueves fue a empadronarse en Robledo (oficialmente con 4.058 habitantes, 522 de ellos extranjeros, el 13%) con el contrato de alquiler del piso en el que vive hace un mes y se encontró con la negativa. “Me dijeron que hablase con el alcalde, pero yo no quiero ninguna prebenda ni ningún favor: solo que respeten mi derecho constitucional”, reclama.

Ni el Partido Popular ni la Comunidad de Madrid han conseguido que De la Fuente cumpla la ley. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, tiene varias quejas e investigaciones abiertas por este asunto y prevé incluirlo en su memoria de 2012.

El Gobierno regional alega que carece de competencias para obligar al regidor a respetar la legalidad

Pero además la Defensora ha decidido denunciar a la Fiscalía General del Estado la “actitud hostil y entorpecedora” del consistorio, por no contestar a sus requerimientos de información, según explican en la institución. Ya lo ha hecho con otras ocho administraciones de mayor tamaño, entre ellas los ayuntamientos de Leganés y San Fernando de Henares y la Universidad Complutense, por asuntos totalmente diferentes.

La Fiscalía podría actuar de oficio contra el alcalde por un posible delito de prevaricación en el caso de Robledo, pero ayer no había contestado sobre su posición en este caso.

Tampoco ha tenido éxito el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Asuntos Sociales “se le ha seguido insistiendo en que cumpla la ley”, pero según una portavoz de ese departamento, el Ejecutivo autonómico “no tiene competencias” para hacerle respetar la legalidad. “El actual consejero [Jesús Fermosel] volverá a pedírselo personalmente”, añade.

El Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid tiene abierto un expediente contra De la Fuente, pero por otro motivo: haber encabezado una protesta de funcionarios contra la decisión del Gobierno central de no abonar la paga extra de diciembre. Este se resolverá “en los próximos días”, según la presidenta de ese comité y delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. En relación con el incumplimiento de la ley sobre el padrón, el comité “no tiene competencias”, asegura.

“No quiero favores, solo que respeten mi derecho”, dice  Odalys Chamizo

Una fuente del PP asegura que en el partido hay “mucho malestar” con esta postura del alcalde de Robledo, al que califican de “peculiar” y “díscolo”. Expulsarle del partido sería otra posibilidad, pero se antoja “complicado”: el Ayuntamiento funciona, no está endeudado y en el pueblo le quieren, resumen. En las últimas elecciones municipales el PP logró ocho de los 11 concejales en liza en Robledo.

Así que el único recurso que le queda al extranjero al que se le deniega el empadronamiento es una denuncia judicial. No consta ninguna por este asunto contra De la Fuente. Odalys Chamizo tampoco va a seguir la vía de la justicia. Por desconfianza en el sistema. “Me han dicho que lo denuncie en los tribunales, pero sé que no voy a llegar a ninguna parte. Está todo muy corrupto”.

A De la Fuente no le hace cambiar de opinión saber que Chamizo lleva viviendo, trabajando y pagando impuestos en España (con papeles) desde 1991. Si ahora solo ingresa los 426 euros, no la empadrona, porque “no contribuye en nada”. Y se pregunta si se “puede vivir en España con 426 euros”. A los españoles sí les empadrona aunque no tengan un puesto de trabajo: “Si es español le tendré que mantener de por vida”.

Chamizo, hija de español y que tiene dos hijos nacidos en España que no viven con ella, podría obtener la nacionalidad, pero ni se lo plantea. “Sería como renunciar a todo lo vivido y traicionar la memoria de mis padres”.