Bustos pide al juez que anule las escuchas telefónicas del ‘caso Mercurio’
El dirigente del PSC retomará sus competencias al frente de la alcaldía de Sabadell el 7 de febreroretomará la alcaldía de Sabadell
![Jesús García Bueno](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2a95ea9a-3806-4e49-b344-7870552767e7.jpg?auth=5b6ee7135931598e0443380ca8368e66f5ee3099a65ffc08ad5bba50f0310e6e&width=100&height=100&smart=true)
![Bustos atiende a los medios tras el estallido del 'caso Mercurio'.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/HWXIBWZ6ZF4YK2DXS26SYTASBE.jpg?auth=3a9491d7eaa8f1db44a712afc11e98f3c9aaabbe79224122e761c5fbad01f8a2&width=414)
El sumario del caso Mercurio, de presunta corrupción en Sabadell, revela que el exconcejal del PP Jordi Soriano cobró hasta 800.000 euros de empresarios con la promesa de que haría valer su influencia en el Ayuntamiento para conseguirles adjudicaciones de obras públicas. Por ahora, la investigación no ha acreditado que lo lograra. Ni que los responsables políticos —con el alcalde, Manuel Bustos, a la cabeza— cobraran comisiones por ello. Así lo manifiesta ahora la defensa de Bustos en un escrito remitido al juez en el que pide la anulación de las escuchas telefónicas.
El abogado del alcalde y del resto de cargos públicos y funcionarios imputados, el penalista Cristóbal Martell, argumenta en su escrito que un total de 10 autos judiciales —desde la declaración del secreto de sumario hasta las intervenciones telefónicas— son nulos porque vulneran el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Y si los pinchazos son nulos, razona, también lo son las detenciones, las entradas y registros, el acopio de documentos y los interrogatorios. Es lo que en derecho se conoce, añade Martell, como “la doctrina de los frutos del árbol envenenado”; una prueba nula “contamina” a las que se han obtenido a partir de ella.
La defensa de Bustos precisa que el juez de Sabadell no motivó de forma suficiente sus autos y hace una exégesis minuciosa de los hechos que contiene el sumario. O, al menos, la parte que ya no está bajo secreto, la que afecta a los vínculos entre los empresarios y Soriano, supuesto intermediario de la trama. Según el abogado, el caso Mercurio narra los intentos del exconcejal del PP por recibir pagos de unos empresarios que, a medida que avanza el relato, se muestran cada vez más molestos porque Soriano no cumple con lo prometido.
Soriano “engaña a los empresarios manifestándoles tener una capacidad de influencia que en modo alguno posee”, según el escrito, que cita como ejemplo el caso de la Fira Sabadell, uno de los proyectos bajo sospecha. La empresa Construcciones Baldo obtuvo la mejor puntuación desde el principio. Y fue la adjudicataria. El exconcejal del PP dijo a sus responsables, sin embargo, que había quedado en tercer lugar “para posteriormente atribuir a sus gestiones el que hubiese quedado primera”. En otros supuestos, el “malestar” se hace patente cuando los empresarios observan —así se desprende de sus diálogos— que “no obtienen el resultado pretendido”.
La conclusión de Martell es que el presunto cobro de comisiones queda acotado a Soriano. No hay “dato alguno”, añade, para afirmar que “los técnicos, funcionarios y autoridades” de Sabadell “conocieran de aquellas privadas relaciones”. El abogado reprocha a la fiscalía y a los Mossos d’Esquadra que hayan basado la investigación únicamente en las conversaciones telefónicas, cuando la mejor forma de hallar la verdad y constatar la denuncia inicial de un empresario arrepentido era examinar “el contenido de los expedientes administrativos tramitados”. Tras tres años de investigación, y aun después de haber practicado detenciones y registros, “siguen sin aparecer indicios de irregularidad administrativa”.
No era “en absoluto necesario” prolongar durante tanto tiempo los pinchazos telefónicos, una medida “innecesaria y desproporcionada”, según el abogado, quien defiende que el caso Mercurio se ha convertido en una investigación “prospectiva, genérica de personas, conductas y actividades”.
El vínculo con Bustos, según su abogado, surge cuando Soriano le hace conocedor de unos “rumores” según los cuales el exconcejal del PP cobra comisiones. El alcalde le expresó su “sorpresa” y reaccionó “del modo que creyó más eficaz e institucional”.
El juez atribuye a Bustos cuatro delitos —malversación de fondos, tráfico de influencias, contra la Administración pública y omisión del deber de perseguir delitos— y le implica en nueve presuntas tramas delictivas. Algunas siguen bajo secreto. Bustos anunció ayer que retomará sus competencias al frente de la alcaldía de Sabadell “con total normalidad” el próximo 7 de febrero, tras haberse mantenido apartado durante más de dos meses.
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