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El Banco Gallego también será nacionalizado

El FROB inyectará 80 millones en la entidad, controlada por Novagalicia Banco

El Banco Gallego también acabará en manos del Estado, como su accionista mayoritario, Novagalicia Banco. La entidad, que en su día estuvo bajo el control de la desaparecida Caixanova, celebra hoy una junta general extraordinaria de accionistas en la que aprobará una reducción de capital para absorber pérdidas y una posterior ampliación, a la que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha avanzado que acudirá con 80 millones de euros, a través de Novagalicia, con lo que se hará previsiblemente con el 100% de la entidad, informa Europa Press.

 Ya en octubre del año pasado, los responsables de NCG Banco habían desvelado que el futuro del Banco Gallego, en el que controlan actualmente casi un 50%, quedaría en manos del fondo de rescate estatal, que buscaría comprador o, de no encontrar una salida, se procedería a su liquidación. El banco presidido por Juan Manuel Urgoiti cerró 2011 con unas pérdidas de 24,5 millones de euros y en el primer semestre de 2012 su resultado alcanzaba ocho millones de euros negativos. Junto a NCG Banco figuran actualmente como socios el empresario Epifanio Campo (11,58%), Javier Ungría (11,48%), Juan Manuel Urgoiti (7,41%), Ramón Bahamonde (3,65%), BNP Paribas (3,13%) e Inditex (2,46%). Con la reducción de capital, estos accionistas asumirán las pérdidas y perderán la participación.

Mientras, ayer continuaron sin ningún avance las negociaciones entre la dirección de Novagalicia Banco y los sindicatos sobre el Expediente de Regulación de eEpleo (ERE), que prevé 2.250 despidos en los próximos tres años. En la que la tercera reunión del periodo de consultas del ERE, el banco presentó más material, con información, por ejemplo, sobre los criterios que se aplicarán para el cierre de oficinas, previsto para 334 sucursales. El responsable de CIG Banca, Clodomiro Montero, que actuó como portavoz de los sindicatos —CC.OO., Csica, UGT, CIG, ASCA y CGT--, explicó que precisamente una de las reclamaciones de los trabajadores es que la empresa entregue más documentación. “Es muy difícil que los sindicatos podamos hacer ningún tipo de contrapropuesta cuando seguimos sin saber los criterios para cerrar oficinas o para despedir al personal ni las personas afectadas”, protestó Montero.