España tiene un problema

Es retórica, no tiene efectos jurídicos y la verdad es que hay ya un cierto hartazgo de grandilocuencias de este estilo. Pero esto no impide que se trate de un gesto relevante. Lo es. Y lo es porque plantea la cuestión que está siempre en el fondo de la política, que no es otra que la del poder. A la pregunta ¿quién manda aquí? el Parlamento catalán ha respondido: el pueblo catalán. Y la respuesta va acompañada de la voluntad política de producir efectos en la presente legislatura.

Llevada al límite, la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir” del pueblo catalán no encaja con la Constitución, que solo reconoce soberanía al pueblo español. El obstáculo podría ser quizá salvable si entre las partes hubiera voluntad política para resolver el problema. Pero no parece ser el caso. De rebote, puede que sea también un problema para la viabilidad futura de la Constitución. Quizá tampoco salvable si la Carta Magna sigue siendo aplicada e interpretada con los criterios de la minoría que en 1978 se opuso a su Título VIII. Porque, en un proceso lleno de zigzags, de avances y retrocesos, aquella orientación es la que ha terminado por imponerse en España de una manera que ha resultado inevitable desde Cataluña.

A la pregunta ¿quién manda aquí? el Parlamento catalán ha respondido: el pueblo catalán

Ahora que es tiempo de recordar a los padres de la Constitución, puede ser atinado recordar también lo que uno de ellos, Miquel Roca, escribió al día siguiente de ser conocida la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña de 2006: “España tiene un problema”, escribió. No dijo “Cataluña tiene un problema”.

El Madrid político hizo ver que no había leído aquel artículo. E ignoró la gigantesca manifestación de rechazo a aquella sentencia. Pero, por mucho que se recurra a las tácticas del avestruz, Roca tenía razón. España tiene un problema porque la Constitución de 1978, tal como se aplica, ha dejado de interesar a Cataluña. O, por lo menos, puesto que Cataluña es muy diversa, al grueso del catalanismo. El catalanismo es una de las corrientes políticas democráticas que la engendraron y sigue siendo ampliamente hegemónico en Cataluña. Es uno de los componentes del consenso constitucional. Por si alguien no lo sabe, o no lo recuerda, el consenso constitucional consistía en que todas las partes que lo sustentaban eran imprescindibles para que resultara funcional.

La Constitución de 1978 levantó tantas esperanzas en Cataluña porque, entre otras cosas, permitía un desarrollo del autogobierno cargado de promesas. Ahora, 35 años después, el consenso catalanista considera que aquellas promesas se han cumplido solo muy parcialmente. Lo que se juzga insuficiente es, en resumen, el reconocimiento de Cataluña como nación y lo que eso implica, pero también el reconocimiento efectivo de España a sí misma como Estado plurinacional. A lo que se aspiraba cuando se incluía el término nacionalidad en la Constitución era también a otra idea de España, en la que Cataluña no era una mera región administrativa. La Generalitat existía antes de la Constitución de 1978 —en el siglo XX, no solo en la época de los Austrias—, pero desde 1978 para acá ha debido luchar y luchar precisamente para no ser reducida a eso, a simple demarcación administrativa del Estado español a las órdenes del Montoro de turno.

Desde 1978 para acá ha debido luchar para no ser reducida a eso, a simple demarcación administrativa del Estado español a las órdenes del Montoro de turno

Las esperanzas de 1978 se orientaban a la materialización de este reconocimiento en un autogobierno muy potente. En todo caso, capaz de liberar a los catalanistas del sentimiento agónico acerca de su supervivencia como nación que les posee y les angustia. Este reconocimiento no se ha producido de forma suficiente, ni para el componente más moderado del catalanismo, representado hoy por el PSC. La realpolitik imperante en España no la reconoce como tal nación, ni la idea de la España constitucional realmente desarrollada en los últimos 35 años es la de un Estado plurinacional. A eso se creyó en Cataluña que apuntaba en potencia la segunda mitad del artículo 2 de la Constitución, pese al retorcimiento a que fue sometido y en su día explicó con detalle el ponente constitucional del PSUC, Jordi Solé Tura.

Esto es lo que hay, guste o no guste, y pese a que ha sido bastante mal planteado por quienes dirigen el proceso que ha llevado a la declaración parlamentaria del miércoles pasado. La verdad es que pinta mal, sobre todo porque se está desarrollando como un diálogo de sordos.