El morabito de la marihuana

Pedro Pérez es un morabito del cannabis. Un monje guerrero entregado a la causa de la normalización de las drogas blandas. Porque le gustan y porque lo considera un derecho civil por el que hay que pelear, igual que otros muchos. Y como a la guarida de todo morabito, no resulta sencillo acceder a la sede de La Santa le club, la asociación que preside Pérez y en la que se compra y fuma marihuana libremente porque a sus socios les apetece y porque pretenden que sea el detonante de un debate más amplio.

La Santa se ubica en un antiguo bar del centro de Madrid, en una dirección que no se puede desvelar, tras una anónima puerta de acero. Una vez rebasada esta, viene una segunda con una cerradura de huella biométrica que garantiza que solo los socios accedan a la pequeña sala con una barra de bar tras la que reposan tupperwares llenos de marihuana y frigoríficos con bombones de canabis. El blindaje evita visitas indeseadas, pero también es culpable de que la policía, ofuscada al no conseguir entrar, reventara la puerta en una de las cuatro redadas que ha protagonizado allí en un año. Los agentes echaron la puerta abajo y cayeron de bruces a los pies del par de socios que los miraban atonitos. “¿Dónde está el resto de la droga? ¿La habéis destruido?”, cuentan en La Santa que gritaban los policías mientras se sacudían el polvo y se encontraban con un plato de bombones.

“Aquí no se destruye nada. y no nos escondemos. Es que queremos ser discretos. Nuestro objetivo es que se normalice el consumo, no dar numeritos”, cuenta Pedro. La asociación defiende el uso lúdico, médico y la investigación con cannabis. En su lucha logró un hito este 10 de enero, cuando un juez fijó la devolución del material incautado en la última intervención policial: 200 gramos de marihuana, bombones, galletas y 275 euros en efectivo. El argumento legal que concedió el magistrado fue que el club, en el que la edad media es de 37 años y nadie se lucra dispensando la droga, no supone un atentado a la salud pública.

Pérez ha intentado que la devolución se hiciera en la comisaría de Leganitos, “la peor para trabajar y para alojarse”, cuenta con ironía. Su propósito era transmitir el mensaje del juez a los agentes que lo mantienen retenido tres noches de media después de cada una de sus visitas, pero finalmente tendrá que ir a buscar el material a un centro toxicológico de Las Rozas.

Se oyen ruidos en el club. Alguien apoya el pulgar sobre el lector de huellas de la cerradura. Las puertas se abren. Pipo, un socio, entra y le señala a Pedro uno de los tupperwares tras la barra:

—Quiero 20 gramos de White widow.

El precio es fijo: seis euros por gramo de cannabis de cualquier tipo y formato, todo autoproducido. Cuentan con un límite de 60 gramos mensuales, el equivalente a dos diarios. Cada vez que se dispensa una mínima cantidad, queda consignado en un diario.

Una asociación legal

La Santa es una asociación cultural sin ánimo de lucro legalmente constituida en junio de 2011. Está inscrita en el Ministerio de Interior, paga alquiler y ya ha abonado más de 4.000 euros en impuestos. Tiene asesoría legal y 212 socios que deben registrarse con DNI y haber cumplido los 21 —“para alentar el consumo responsable y evitar la chiquillería”—.

La implicación de Pedro en la lucha fue progresiva. “Primero abrí un growshop por pura rabia. Me acababan de desperdir de Iberia porque en una prueba me detectaron marihuana. Y yo me preguntaba: ¿Lo que fume en casa me hace menos apto para trabajar?”. Tras un tiempo gestionando el growshop, que quedaba cerca del hospital Gregorio Marañón, lanzó la asociación porque le deprimía el goteo de enfermos de cáncer y oncólogos que preguntaban por la posibilidad de conseguir cannabis evitando los narcotraficantes. Esa es la razón de que La Santa distinga dos modalidades de socio: el recreativo (10 euros al mes, más su consumo de cannabis) y el medicinal (sin cuota). “No es demagogia”, cuenta Pedro tomando un botellín de agua de una de las máquinas de vending del club —está prohibido el alcohol para no hacerle la competencia a los bares de la zona—, “pero es que la situación en la que llegan algunos enfermos es muy dura: buscando un alivio muchas veces han acabado el mundo del trapicheo, que puede ser muy desagradable”.

La actitud de los abonados respecto a la policía es comprensiva. “Yo lo entiendo”, dice Pedro: “Ven un lugar donde se fuma y se compra y se les enciende el piloto, pero suelen ser correctos”. Una socia que acaba de llegar para aprovisionarse explica cómo en una redada se le escapó el perrito y un agente tuvo que salir tras él a la calle: “Se le veía avergonzado al hombre, la verdad: asustando a señoras con perrito”.

En La Santa conocen de la existencia de unas 500 asociaciones de corte similar, la mayoría en el País Vasco. “Es un movimiento que no se puede parar”, opina convencida la misma socia: “Cuantas más haya, más se extenderá el debate, y deberán legislarlo”. Pedro le da la razón: “Tenemos fe en el Estado de derecho. Queremos que esto represente un ingreso público, con un impuesto que financie la sanidad”.

Pérez insiste en que el problema no es policial, sino que hay que legislar con menos hipocresía. Aunque reconoce las incomodidades de su situación. “Para resaltar el carácter privado de la asociación ante la policía, lo que hice en marzo fue instalarme aquí”, dice señalando un sofá con aspecto de no ser demasiado confortable. El local, con sus paredes verde hospitalario y sin más alimento que el de las dos máquinas, dista mucho de un palacio. “Te aseguro que es mejor que la comisaría”, objeta con una sonrisa el presidente. “Estoy durmiendo aquí chungo, pero qué quieres: son las trincheras”. Nadie dijo que lo de monje guerrero fuera sencillo.