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El hospital Severo Ochoa de Leganés se resiste a ser “desmantelado”

Los sindicatos del centro denuncian que en 2012 el centro ha perdido 130 trabajadores Los recortes afectan a la lista de espera quirúrgica y a la de pruebas diagnósticas, señalan

Elena G. Sevillano

¿Qué futuro le espera a un hospital que va perdiendo personal y cerrando camas a medida que pasan los meses? Según los sindicatos del Severo Ochoa, en Leganés, el porvenir de su centro es de color negro. Las ocho organizaciones sindicales redactaron la semana pasada un comunicado en el que denuncian que solo en 2012 el hospital perdió 130 trabajadores, lo que según afirman ha repercutido, y lo hará aún más, en cierre de camas, aumento de listas de espera y peor calidad de la atención a los pacientes. Las medidas aprobadas por el Gobierno regional para la sanidad madrileña, que incluyen la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud, suponen el "desmantelamiento" del sistema sanitario, añaden los sindicatos.

El caso concreto del Severo Ochoa se resume así, según los datos aportados por las organizaciones: De los 130 trabajadores, 114 corresponden a ceses de empleados que tenían contratos eventuales. Por categorías, 13 eran médicos; 35, enfermeras; 3, matronas (aunque una de ellas fue contratada de nuevo a media jornada, precisan los sindicatos); 3 fisioterapeutas, 8 técnicos especialistas, 30 auxiliares de enfermería, 8 auxiliares administrativos, 10 celadores, 2 telefonistas, un calefactor y un electricista. A esos 114 puestos hay que añadir, según el recuento de las organizaciones, "las pérdidas por la no cobertura de puestos de trabajo que han quedado vacantes y que, intencionadamente, no han sido cubiertas por imposición de la Consejería de Sanidad". Se trata de jubilaciones, fallecimientos o incapacidades.

Los sindicatos ofrecieron una rueda de prensa el jueves 17 para denunciar la situación del hospital. Advirtieron de que se han cerrado camas "de manera permanente" en el servicio de cuidados intensivos y que en Neonatología también se habían reducido las cunas disponibles. En Medicina Interna se han cerrado cinco camas, según sus datos, y "a pesar de la saturación del servicio de urgencias que hace que muchos días haya pacientes que permanezcan en los pasillos". En Cuidados Paliativos hay solo una de las dos enfermeras que formaban el equipo, añaden, y uno de los dos médicos tiene prorrogado su contrato solo hasta el 31 de enero. 

Las camas de hospitalización que se cerraron durante el verano -se hace habitualmente en todos los centros, a veces para acometer reformas y otras simplemente porque baja la demanda- fueron más que otros años, algo que también hace sospechar a los sindicatos. En 2008, por ejemplo, hubo 303 camas abiertas en el mes de julio; en 2012, también en julio, se mantuvieron operativas 28 menos, según datos aportados por las organizaciones. 

Los sindicatos auguran también la "disminución del tiempo de atención y dedicación a cada uno de los pacientes y a su vez merma de la calidad de los cuidados prestados por el aumento de la carga de trabajo de los profesionales en los servicios de hospitalización (aumento del ratio profesional/paciente)" y la mayor lista de espera "en la unidad de Rehabilitación por la pérdida de fisioterapeutas".

El responsable de CC.OO., Pablo Caballero, aseguró la semana pasada que los laboratorios, que también han perdido personal,  "son un negocio para la Comunidad de Madrid", según recoge Europa Press. "Llevamos años notando que la Administración quiere que el laboratorio sea rentable para otros", ha apostillado. Los datos expuestos por los sindicatos les han llevado a considerar que el Severo Ochoa se encuentra "ante una estrategia planificada hace años no achacable exclusivamente a la crisis económica", que se basaría en "tomar lo que es público, desmantelarlo, abaratarlo y repartirlo entre las empresas privadas".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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