El fiscal superior urge a las instituciones a adoptar planes que frenen la corrupción

El Fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela, asegura que es “imprescindible” poner en marcha planes de prevención de la corrupción en las administraciones que “evitarían casos” como los investigados en la operación Pokémon, que ha obligado a dimitir a los alcaldes de Ourense y Boqueixón y mantiene imputados a los de Santiago y Lugo. Así lo manifestó ayer en una entrevista concedida a RNE, y en la que ha recordado que el ministerio público ya presentó en dos ocasiones al Parlamento gallego su propuesta de Plan de Prevención de Riesgos de Gestión incluidos los de corrupción e infracciones conexas en administraciones públicas, que recoge experiencias internacionales en esta materia.

“Sabemos que los ordenamientos jurídicos penales ya tienen tipos penales bien definidos relativos a prevaricación, tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a funcionarios, pero es necesario reforzar esa vertiente represiva estableciendo medidas de prevención en las administraciones públicas”, aseguró Carlos Varela. El plan de la fiscalía para prevenir comportamientos contrarios a la ley en las instituciones “diseña a partir de comportamientos de riesgo” actuaciones para “neutralizarlos y señala a una persona encargada de detectarlos y de dar la alerta”. “Esto evitaría que ocurrieran muchos sucesos relacionados con la corrupción”, explicó el fiscal superior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Varela pone como ejemplo de buena práctica la creación en Portugal de un Consello de Prevención de la Corrupción que coordina los planes de “más de 800 administraciones públicas y entidades privadas” y en el que “los portugueses depositan una gran confianza”, informa Europa Press.

El representante del ministerio público también confía en que se agilice la demanda que presentó contra los bancos que comercializaron las polémicas preferentes y que en el plazo de un mes y subrayó que desde otros territorios están expectantes ante el recorrido que pueda tener la denuncia en Galicia.

Sobre el juicio del Prestige, Carlos Varela subrayó que no es competencia del ministerio público señalar las responsabilidades políticas sino ver si determinadas decisiones en la gestión de la crisis pueden ser consideradas delitos.