La ley para reducir la deuda del sector público ha sido un engaño, según el PSPV

El decreto ley de medidas urgentes de régimen económico financiero del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat aprobada en septiembre de 2011 “ha sido un gran engaño”.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Francisco Toledo, explicó este viernes que más de un año después de la aprobación de la ley, que se justificó por la necesidad de frenar la sangría de las empresas de la Generalitat, tan solo se han adecuado las retribuciones del personal directivo y elaborado las fichas anuales para la confección de los presupuestos de 2013.

Toledo exhibió las respuestas de las distintas consejerías que dan cuenta de la aplicación de la ley. Y el resultado, según el diputado socialista, no puede ser más desolador. No se han nombrado auditores internos, ni han elaborado un cuadro de mandos para redireccionar la gestión y algunas de las medidas previstas no estarán listas hasta 2014.

En su comparecencia, Toledo —que estuvo acompañado del portavoz parlamentario, Antonio Torres— acusó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de haber batido el récord de pérdidas del sector público empresarial con 845 millones de euros en 2011.

Entre 2011, el último ejercicio cerrado oficialmente, y 2010 las deudas aumentaron en 1.003 millones hasta situarse en 10.670 milones. Toledo manifestó que el año pasado estuvo entreteniendo a la opinión pública con los expedientes de regulación de empleo de una manera “impresentable”. “Si recortan la barbaridad del 40% de la plantilla del sector público, solo habrán reducido en un 4% el gasto de las empresas de la Generalitat, cuando el problema está en la gestión del otro 90%”, indicó el diputado.

“Lo que nos han vendido como ahorro, son disminuciones de los ingresos”, prosiguió Toledo, “no cumplen con la ley de medidas urgentes y el resultado es obvio, unas pérdidas de 845 millones de euros”. El socialista indicó, respecto a la deuda, que el Consell lo único que ha hecho ha sido pasar parte de ella de las empresas a la Generalitat.