El profesorado prevé más despidos que nuevas plazas fijas por oposición

Aun siendo en general bien recibidas, las 300 plazas de la nueva oferta pública de empleo anunciada la semana pasada por la consejera, se ven empañadas por las previsiones de pérdida de empleos hechas por los sindicatos docentes. Tanto el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STEPV) como la Asociación Nacional de Profesorado Estatal (ANPE) coincidían en criticar este miércoles que la nueva orden de reorganización de plantillas, básicamente propuesta para aplicar el nuevo decreto de bilingüismo de la Consejería Educación, implica la supresión de 400 puestos de trabajo.

 Tal merma se produciría como consecuencia del recorte de un maestro por centro en los que tienen entre 12 y 17 unidades. A ésta cifra, CC OO añadía un día antes la eliminación de las 650 plazas de francés, aunque la Administración puntualizaba que estos profesionales serán absorbidos en la plantilla de Primaria. FETE-UGT pedía el domingo que la Oferta Pública de Empleo alcance al menos las 1.100 plazas, por valorar que el sistema educativo valenciano ha perdido en sus últimos cursos más de 5.000 empleos.

El ritmo normativo de la Consejería de Educación se intensifica por semanas. Sólo este miércoles abordaba en la Mesa Técnica con los sindicatos siete asuntos, algunos de tanto calado como la citada orden de plantillas de las escuelas de Educación Infantil (segundo ciclo) y de los colegios de Educación Primaria; las instrucciones para la modificación de unidades escolares y puestos de trabajo docentes (el llamado “arreglo escolar”), o la misma oferta pública de empleo para 2013.

Se desveló en la mesa técnica la distribución por especialidades de las 300 plazas docentes que la Consejería convocará por oposición en febrero. El grupo más numeroso es el de maestro de Inglés, con 70 puestos, seguido de Audición y Lenguaje que tendrá 50 plazas, las mismas que Educación Infantil. El resto en Primaria se reparte del siguiente modo: 20 para Educación Física, 20 para Música y 30 para Pedagogía Terapeútica. Las 30 de Secundaria serán de Formación Profesional. La oferta se redondea con 30 de profesorado técnico de FP, aunque sin especificar especialidades por ahora.

El decreto de admisión de alumnos, que introduce cambios sustanciales en la baremación y proceso de escolarización vigentes, se trataba también esa misma mañana en otra Mesa, la sectorial. La acumulación de temas hizo que el STEPV planteara un aplazamiento del calendario que no fue aceptado. En todo caso, tanto este sindicato, como FETE-UGT, CC OO y ANPE coincidieron en criticar el decreto de admisión de alumnos por propiciar desequilibrios entre la escuela pública y la privada concertada a favor de ésta, y en particular en cuanto a la posibilidad de determinados centros de elegir al alumnado, así como respecto a la distribución del alumnado con necesidades educativas específicas. Los sindicatos docentes también reiteraron el rechazo a la implantación del distrito único y a la relegación del criterio de proximidad en la escolarización, frente a la anterior división por zonas. En todo caso, se lamentaban de que no se hubieran introducido las sugerencias que sobre este asunto plantearon previamente en la mesa técnica. Tampoco es previsible que haya modificaciones relevantes en el próximo paso del decreto por el Consejo Escolar, ya que es una propuesta medular en la política y la estrategia de Educación.

Estratégicos fueron los argumentos que la consejera María José Català desplegó ayer ante las Escuelas Católicas. Les explicó que el borrador de la nueva ley de educación (la LOMCE) recoge “la práctica totalidad de las propuestas planteadas por su Departamento, como la autonomía de los centros, el plurilingüismo, la transparencia en los resultados o la libertad de elección de centro”. Català recalcó “la Consejería se ha anticipado al Ministerio” y su ley, “confiriendo mayor libertad de acción a los centros para que puedan tomar decisiones y mejorar sus resultados”. Explicó a los representantes de las Escuelas Católicas que, tal como ella defiende, la LOMCE “aboga por la mejora de la calidad educativa, que debe ser valorada en función de los resultados y no de los recursos”, como hasta ahora se ha venido haciendo.

A su vez, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, mantenía un encuentro con representantes las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) y de los centros educativos de primaria y secundaria, para “concertar actuaciones en torno a las infraestructuras educativas”. Se refirió al reciente accidente del colegio Hispanidad de Santa Pola para señalar que Alberto Fabra tiene el deber de “garantizar en todo momento la seguridad en los centros educativos”. Pidió también que se reúna la diputación permanente de las Cortes Valencianas y que el presidente de la Generalitat comparezca, al mismo tiempo que los ayuntamientos llevan a cabo auditorías de los centros de educación públicos. “Es irracional”, denunció, “que en estos momentos la Generalitat no sepa cómo están las infraestructuras educativas, cuando debería ser una información” de permanente consulta, “porque está prestando un servicio público y debe saber de qué manera se está prestando”. Por eso pidió “transparencia, explicaciones y un plan de choque para resolver los problemas más inmediatos y otro a largo plazo para garantizar la administración del servicio público con seguridad”. El secretario general del PP, Serafín Castellano criticó que Puig “esté anclado en una política alarmista”.