El juzgado rechaza reabrir diligencias por irregularidades en el Plan Rabassa

El Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante ha rechazado reabrir la investigación por presuntas irregularidades en la tramitación urbanística del Plan Rabassa y la implantación de Ikea, al entender que no es competente y que debería instruirlo el juzgado número 5 que llevó la investigación inicial sobre las irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), incluidas en una ramificación del caso Brugal y de las que ahora se encarga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En un auto fechado el pasado 9 de enero, el titular del juzgado número 6 ha desestimado un recurso de reforma de la Fiscalía contra una resolución del 22 de noviembre de 2012 de este mismo órgano, en la que rechazaba la petición de EUPV quien, a través de una denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la tramitación del Plan Rabassa, pedía que se reabriera el caso.

En ese escrito, EUPV pedía la imputación, entre otros, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y del empresario Enrique Ortiz, imputados en la rama del caso Brugal que se investiga en el TSJCV.

El juez ha rechazado el recurso del ministerio fiscal al reiterar que el escrito presentado en su día por EUPV "no contiene hechos nuevos, ni novedosos y porque considera que el juez competente en este caso es el de instrucción 5, que fue quien, al asumir en su día el caso que luego derivó al TSJCV, acordó intervenciones telefónicas y registros domiciliarios.

Por ello, considera que es a ese juzgado "al que se debe acudir para que remita testimonio si lo estima, pues en las presentes diligencias previas, no hay nada, salvo el escrito resumen de una investigación judicial que hace EUPV", y que, según recoge el auto, "puede no ser completo ni coincidir con el juez que la ha realizado".