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La fiscalía pide 40 años de cárcel a Bretón por el asesinato de sus hijos

El ministerio público considera que el padre de Ruth y José quemó sus cuerpos en una hoguera

La fiscalía pide 40 años de cárcel para José Bretón por el doble asesinato con alevosía y agravante de parentesco de sus hijos Ruth y José. Así consta en la calificación que el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, ha enviado al Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba que dirigió la investigación desde que el 8 de octubre de 2011 desapareciesen los dos hermanos, de seis y dos años. La fiscalía coincide con el magistrado instructor al considerar que Bretón asesinó a sus hijos y los hizo desaparecer en una enorme hoguera con características de horno incinerador que encendió la tarde del 8 de octubre en una propiedad de su familia, en Las Quemadillas, a las afueras de Córdoba.

El texto de la fiscalía se basa en el Artículo 36.2 del Código Penal vigente para solicitar expresamente que a Bretón “no podrá concedérsele el tercer grado hasta el cumplimiento de al menos la mitad” de la pena impuesta.

El fiscal considera que Bretón es el autor material de la muerte de forma "que no ha podido quedar acreditada" de sus dos hijos a los que incineró en una enorme hoguera que prendió en su finca de Las Quemadillas el 8 de octubre del año 2011. Por ello, además de los 40 años de cárcel que solicita, reclama la prohibición de acercarse a la madre de los pequeños y exesposa del acusado, Ruth Ortiz, a menos de 1 kilómetro durante 42 años. De la misma forma, solicita el pago de 12 meses de multa por el delito de simulación de delito a razón de 10 euros por día y la obligación de indemnizar a Ortiz con 600.000 euros.

Bretón, en prisión preventiva desde el 21 de octubre de 2011, sigue afirmando desde entonces que él no mató a sus hijos por el despecho que sufrió al saber que su esposa y madre de los pequeños, Ruth Ortiz, quería divorciarse de él. Según el progenitor, los niños se extraviaron en un parque de la ciudad mientras paseaban los tres. Y así consta en la denuncia que presentó. Por ello, a Bretón también se le pide una multa por denuncia falsa.

La investigación ha sido ardua y, en muchas ocasiones, penosa. Y todo, porque partió del error de una médico forense de la policía científica lastró todas las pesquisas. Porque al poco de producirse la desaparición de los niños, la policía halló entre los rescoldos de aquella enorme hoguera, huesos y otros restos que hicieron que todos se temiesen lo peor: Bretón había matado a sus hijos y los había hecho desparecer en la hoguera. Pero la forense dictaminó que aquellos fragmentos óseos pertenecían a pequeños animales.

Durante meses se rastreó la casa de Las Quemadillas, el huerto de seis hectáreas, las propiedades colindantes, las cañerías, los pozos de la zona, las canteras… Nada. Ningún resultado. El instructor empieza a especular con la posible implicación de una tercera persona en el caso, abriendo la posibilidad de que se trate de un secuestro o retención ilegal. Pero se decanta finalmente por el asesinato y la ocultación de los cuerpos en un zulo.

Sin descanso, el juez ordena que varios técnicos especializados en el uso de georradares —una tecnología capaz de analizar los estratos del suelo en busca de irregularidades artificiales— escruten áreas enteras de la parcela en busca de esa probable tumba. Los dos inmuebles también son prospectados, agujereados y analizados. Siempre sin resultado

Uno de los protagonistas de aquellas búsquedas era Luis Avial, dueño de una empresa de prospecciones con georradar. Fue el propio Avial quien, en agosto, aconsejó a la familia materna de los niños que pidiesen una segunda opinión al experto Francisco Etxeberria, de la Universidad del País Vasco. Etxeberria zanjó sin lugar a dudas que los huesos correspondían a dos niños de edades coincidentes con las de Ruth y José. La perito forense de la policía terminó reconociendo su error.

Si el tribunal atiende las demandas de la Fiscalía, Bretón deberá pagar 137.335 euros al Ministerio del Interior por los gastos de la búsqueda, 5.500 euros a la empresa de georradar que buscó a los pequeños y 22.500 al Ayuntamiento de Córdoba por las múltiples tareas de rastreo.

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