El PSPV pide un año de cárcel para Rambla, Martínez y Such

El PSPV, que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel, ha pedido en su escrito de calificación provisional en la parte en la que se investigan las contrataciones de la Generalitat con Orange Market en relación con Fitur, un año de prisión y diez de inhabilitación para el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, y penas igualmente de cárcel para las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such.

Según la información de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, los socialistas solicitan que se impute al presunto cabecilla de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa; a su número dos, Pablo Crespo; y al responsable de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, El Bigotes, hasta cinco delitos. En concreto, prevaricación, fraude, tráfico de influecias, falsedad documental y cohecho. De este modo, piden para cada uno de ellos seis años y medio de prisión.

En el caso de los cargos políticos, el PSPV reclama penas de cárcel de un año para Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such, que en el pasado dirigieron consejerías de la Generalitat y en la actualidad son diputados autonómicos. La misma pena la solicita para el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret.

También pide prisión durante un año para los relacionados con Orange Market, Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero; y para los funcionarios Isaac Vidal, Jorge Guarro, Juan Bover y Ana Grau.

Respecto a la responsabilidad civil, los socialistas valencianos reclaman multas de entre cuatro y doce millones de euros para todos los acusados.

El magistrado José Ceres, encargado de instruir el caso Gürtel en Valencia, acordó el pasado mes de diciembre procesar al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, a las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret, por presunta prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

El juez dictó esta resolución en referencia a una de las tres piezas que obran dentro del procedimiento, la relativa a los supuestos delitos de prevaricación y cohecho derivados de la contratación de Fitur entre la Generalitat y Orange Market. Las otras dos piezas son la relativa a la financiación ilegal por las elecciones municipales y autonómicas del año 2007; y la del supuesto delito de falsedad del año 2008 relacionado con las elecciones generales del mismo ejercicio.