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El caso de los ERE se reactiva con la detención de un nuevo testaferro

La juez le envía a la cárcel acusado de cohecho, malversación, blanqueo, falsedad documental y asociación ilícita

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos.

El caso de los ERE ha recobrado impulso con el ingreso en prisión de un supuesto testaferro. A las diligencias secretas de la Guardia Civil les seguirán en las próximas semanas titulares más o menos relevantes sobre una causa que ha avanzado en los últimos seis meses solo desde el ámbito policial. El parón judicial ha estado marcado por la baja por enfermedad de la instructora Mercedes Alaya. La detención del testaferro deviene de la pieza declarada secreta que busca identificar a los “verdaderos beneficiarios” que percibieron las “sobrecomisiones” millonarias generadas en el fondo de los ERE. Algarín es la primera víctima de esta última línea de investigación encaminada a identificar las personas que obtuvieron el mayor botín ilegal del fondo para empresas en crisis.

La juez que sustituye a Alaya, Ana Rosa Curra, ha enviado a la cárcel de Sevilla 1 al supuesto testaferro, Juan Francisco Algarín, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, falsedad documental y asociación ilícita. Algarín declaró durante cinco horas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y deparó resultados inesperados: el imputado desveló que había entregado sobres con “billetes de 500 y 200 euros” para pagar las comisiones ilegales, dinero que transportó en “fundas de ordenadores portátiles”, según ha avanzado la Cadena Ser. El empresario, en prisión preventiva comunicada sin fianza, relató que “llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación Provincial de Empleo”.

Su relato tiene gran trascendencia porque apunta a una entrega masiva de comisiones ilegales en billetes, realizadas en el entorno de sedes oficiales de la Junta. Pero además, por los nombres que brotaron en su testimonio: Antonio José Albarracín (ex director comercial de la consultora Vitalia), Daniel Ponce (exsubdirector de la empresa municipal Mercasevilla) y Regla Pereira (ex jefa de proyectos en Mercasevilla).

Algarín afirmó que en una ocasión se trasladó a Madrid para entregar dinero “en persona” a Albarracín. Su relato coincide con los billetes “de dos o tres dedos de grosor” que supuestamente le entregó Albarracín a Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Trujillo contó la pasada primavera a la juez Alaya que acudió en dos ocasiones a Madrid para recibir los pagos ilegales por parte de Albarracín, que está imputado pero solo ha declarado en sede policial.

Mientras, Algarín ha acusado a Ponce y Pereira, el primero condenado y la segunda absuelta por el juicio por cohecho del caso Mercasevilla, de ser los responsables que le entregaron los sobres procedentes de la empresa municipal. La Guardia Civil detuvo a Algarín el lunes por la mañana y después de declarar durante cinco horas compareció ante el juez de guardia a la 1.30 de la madrugada del martes para corroborar su testimonio policial. Y tras pasar la noche en los calabozos, volvió a declarar otra media hora al mediodía del martes ante la juez Curra, instructora de los ERE, tras lo que la Fiscalía Anticorrupción pidió prisión preventiva.

Al margen de su papel como repartidor de comisiones según su testimonio, Algarín jugó un papel decisivo para blanquear parte de las comisiones ilegales que logró el intermediario Juan Lanzas a través de empresas pantalla, según el atestado entregado por la UCO el pasado septiembre.

El testaferro, que hasta el lunes vivía en un centro de acogida para una cura de desintoxicación, cobró supuestamente cheques por 362.000 euros para blanquear parte de las comisiones desorbitadas que percibió Lanzas. Los agentes situaban en la cúspide de la pirámide de las comisiones al holding Vitalia, liderado por María Vaqué y Eduardo Pascual, ambos imputados en la Audiencia Nacional por el caso Eurobank. Y desde ahí la cascada de responsabilidades pasaba por Albarracín, con despacho en Madrid, hasta llegar a Lanzas, que actuó como comercial de la consultora, y finalmente sus testaferros, Algarín, Eduardo Leal y Beatriz Núñez.

Estos tres personajes blanquearon supuestamente 1,8 millones entre 2003 y 2006 para Lanzas, según la Guardia Civil. Los agentes han peinado el rastro de 153 cuentas corrientes bancarias para “esclarecer el presunto enriquecimiento ilícito” del entramado. La misión de los testaferros era introducir en el circuito financiero el dinero procedente de estas sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de los ERE, para así dotarlas de apariencia de legalidad a través de sus empresas de mensajería.

¿Regresará Alaya?

La gran pregunta que flota en el aire respecto al caso de los ERE es si la juez Mercedes Alaya se incorpora mañana al trabajo. Fuentes del caso apuntan a que la vuelta de la magistrada es muy probable, dado que su mejoría de salud ha sido notable en las últimas semanas. Pero hasta el último día nadie se atreve a darlo por hecho.

La enfermedad de Alaya, neuralgia del trigémino, ha condicionado la instrucción judicial del caso, que ha tenido dos sustitutos, Iván Escalera desde septiembre hasta hace una semana, y Ana Rosa Curra, la instructora actual.

Si la enfermedad de Alaya le impidiera regresar mañana, la juez pediría entonces su última baja por enfermedad antes de cumplir seis meses alejada del juzgado. A mediados de febrero se cumple el plazo preceptivo antes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre un instructor para el expediente que determinaría si se le concede una prejubilación o la baja permanente. Pendientes de su regreso, al caso de los ERE se le suman otras instrucciones clave como el caso sobre la pasada gestión en el Betis o las variantes del caso Mercasevilla.