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'CASO GÜRTEL'

“Tuvimos muchas facturas retenidas, muy superiores a un importe normal”

Funcionarias de la Consejería de Empleo desvelan las irregularidades en los recibos

Alberto López Viejo, a la izquierda, se cruza con Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid, en julio de 2009. Ampliar foto
Alberto López Viejo, a la izquierda, se cruza con Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid, en julio de 2009.

Los últimos interrogatorios llevados a cabo en diciembre por el magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tienen que ver con la adjudicación de cientos de contratos a dedo, sin un mínimo expediente, a las empresas de la trama Gürtel para organizar actos de autobombo en los que intervenía la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Cientos de contratos ilegales de la Comunidad por un valor, según el sumario del caso, que podía superar los cuatro millones de euros.

Las declaraciones de los técnicos autonómicos ante el juez cierran el círculo en torno al mismo culpable: Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos institucionales. En concreto, las dos últimas funcionarias que declararon como testigos, Rosario Jiménez y Lourdes Barreda, de la Consejería de Empleo y Mujer, indicaron que apenas tenían conocimiento de los actos que se realizaban en la Puerta del Sol, pero que pagaba su departamento: “Nos venía la factura dada de Sol [la Consejería de Presidencia] y no participábamos. Me la ponían en un sobre encima de la mesa con un post-it que decía: “Tramítese”. Esa era toda la información que tenía”, declaró ante el magistrado Lourdes Barreda, cuyo cargo en los años en los que operó la red Gürtel era el de subsecretaria de Gestión Económica Presupuestaria y de Análisis de la Gestión de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad.

Se trata de cientos de contratos ilegales por valor de cuatro millones de euros

Según el testimonio de esta funcionaria, las empresas cuyas facturas procedían “de la Puerta del Sol eran cuatro o cinco, que se repetían en 2004 y 2005. Y luego aparecieron las del Grupo Rafael y Tecnoimagen”.

Lourdes Barreda reseñó también que una mujer, Alicia, en nombre de Servimadrid y Good and Bette —dos de las empresas del presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa— llamaba de forma “persistente” para interesarse por las facturas que no se habían pagado: “Fue la propia Alicia la que me dijo que las personas que estaban detrás de los actos eran de Presidencia, concretamente me nombró a Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás [exasesor del exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad López Viejo]”. Precisamente Rodríguez Pendás fue objeto de un informe policial en el que se solicitaba su detención. Pero el entonces instructor del caso, el magistrado Antonio Pedreira, no accedió a la petición policial.

Había empresas que facturaban distintas partes del mismo evento

Por su parte, la funcionaria Lourdes Barreda, según su versión, trató de ponerse en contacto con Rodríguez Pendás tras poner en conocimiento de la empleada de Francisco Correa que las facturas estaban paradas porque no tenía información acerca de si el acto se había hecho, y si había existido un mínimo procedimiento. 

“Le envié varios correos y al final hable con él, pero no me solucionó nada”, recordó la número dos del Departamento de Gestión Económica de la Consejería de Empleo y Mujer. Y como no obtuvo información, la funcionaria se vio obligada a comprobar de forma improvisada si el evento se había publicado en la página web de la Comunidad de Madrid: “Nadie me daba información de si se había hecho, de si esa era la empresa que lo había hecho y de si se había hecho bien. Por eso yo veía mínimamente si el acto se había desarrollado”, completó Lourdes Barreda en su declaración.

Quién dijo que había que pagarlas?”, “Juan José Güemes

Con los contratos menores se eludía el procedimiento de contratación: “Lo que nos llegaba al final era la factura, nosotros nos enterábamos ya a posteriori. Se realizaba el acto y después se presentaba una factura con la justificación documental. Y la elección de la empresa la realizaba la gente que tenía Alberto López Viejo, que era Pedro Rodríguez Pendás, directamente en Presidencia. Era el que se lo daba a protocolo de la Consejería [de Empleo y Mujer]”, destacó por su parte Rosario Jiménez, responsable de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer, y por tanto la que entonces era la superior de Lourdes Barreda, que fue interpelada por una de las fiscales del caso: “¿Y eso pasaba siempre que los actos se hacían en Sol, siempre que estaba la presidenta [Esperanza Aguirre]?”. “Sí”, contestó. Posteriormente, la fiscal se interesó en si en todos esos eventos estaba presente la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid: “Hombre, normalmente, eran en Sol. La elección de la empresa no procedía del órgano gestor sino que procedía de Sol, de la gente de Alberto López Viejo, de Pedro Rodríguez Pendas, me parece que se llamaba, el que nos daba directamente la empresa que tenía que hacer el acto”. Precisamente, a preguntas de Jaime González, el abogado de López Viejo, Rosario Jiménez, explicó que los eventos de la Puerta del Sol se celebraban en fechas concretas. “Los que se hacían en Sol eran los más importantes y tenían fecha concreta, y eran actos a los que iba la presidenta. Y como iba la presidenta había que incluirlos en la agenda con más antelación”.

Se trataba en todos los casos de facturas con un coste inferior a los 12.000 euros. Y si costaban más, se fraccionaban, con la intención de burlar la normativa. Por eso, en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer no podían fiscalizar el procedimiento administrativo, que al ser de un contrato menor no requería un concurso: “Mirábamos la correspondencia entre el gasto y lo que nos parecía a nosotros que era el precio de mercado. Teníamos una planilla de lo que costaban los plasmas, las sillas, e intentábamos buscar una racionalidad en la correspondencia del gasto”, explicó por su parte Rosario Jiménez, la jefa de Lourdes Barreda. “Recuerdo que tuvimos retenidas muchas facturas, porque revisábamos el gasto y veíamos que eran muy superiores a un importe normal”, resaltó esta funcionaria, que reconoció que no tenía conocimiento de que había un fraccionamiento real: “Había unas empresas que facturaban diferentes partes de lo que había sido el evento, pero lo que no comprobábamos, porque no se nos ocurrió comprobarlo en aquel momento era que había administradores conjuntos, o que había algún tipo de vinculación jurídica con las empresas. Lo que sí mirábamos era que fuese un importe razonable, y si no la paralizábamos para discutirlas”, sostuvo Rosario Jiménez, que recordó que las empresas del Grupo Rafael eran algunas de las que se llevaban los contratos de la Consejería de Presidencia. “Me suenan el Grupo Rafael, Servimadrid y Kilda Producciones. Siempre eran las mismas empresas las que hacían este tipo de facturaciones”. Precisamente una de las facturas, concretamente de Kilda Producciones, no fue abonada por la Consejería de Empleo: “Pues era un importe exagerado, e incluso llamamos a los teléfonos y no contestó nadie. Por esta factura, que se refería a un reportaje fotográfico, nadie preguntó”, especificó Lourdes Barreda.

Algunas de estas facturas estuvieron paradas durante más de un año, pero al final se abonaron todas, excepto dos. Por eso la fiscal se interesó sobre las posibles presiones procedentes de la Consejería de Presidencia: “¿En algún momento usted recuerda que desde la Consejería de Presidencia les dijeran que tendrían que pagar esas facturas?”, a lo que la funcionaria contestó: “No, a nosotros directamente no, pero es cierto que estuvieron retenidas muchas facturas por parte de la Consejería de Empleo y, en un momento determinado, se dijo que teníamos que pagarlas”, contestó la empleada regional.

—¿Quién dijo que había que pagarlas?

—A mí me lo indicó mi superior… el consejero…

—¿El consejero? ¿quién era en aquel momento?

—Juan José Güemes.

—¿Le dijo el motivo por el que tenía que pagarla si ustedes las estaban reteniendo desde tanto tiempo?

—Fue con el cambio de legislatura, y normalmente en todos los cambios de legislatura lo que se hace es hacer toda la tramitación pendiente porque el acto estaba realizado.

Pero a preguntas del abogado de la acusación Wilfredo Jurado, la funcionaria completó su respuesta: “Yo informé al consejero, que sabía que estaban paradas. Se dijo que el gasto estaba realizado, y creo que por parte de López Viejo hubo presión porque hubo muchas llamadas a la consejería de las empresas. Y en un momento se dio la orden de pago”.

La 'cabezonería' del juez Ruz

T. C.

La negativa del magistrado Pablo Ruz a archivar el caso Gürtel, tal y como solicitaba Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, ha evitado que uno de los casos de corrupción política más importantes de la democracia española resultara impune.

Gracias a la decisión de continuar con el caso, el magistrado le ha dado alas y ha hecho efectivos los embargos de varios de los 70 imputados, entre los que destacan el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, o el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.

El sumario que sigue investigando Ruz mantiene al menos cuatro líneas de investigación: la primera está relacionada con las adjudicaciones a dedo en AENA. La segunda engloba la corrupción en los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La tercera se centra en el presunto expolio en relación con la visita del PP a Valencia. Y la cuarta se refiere a la adjudicación a dedo de cientos de facturas por parte de la Comunidad de Madrid a empresas de Gürtel.

Este último punto es uno de los que está más avanzado, según demuestra una providencia firmada el 23 de noviembre por el juez en la que solicitaba una ampliación de los informes ya existentes sobre “los eventuales cobros del imputado Alberto López Viejo”. Además, el magistrado ha solicitado a la Intervención General del Estado la ampliación de un informe sobre la regularidad de la contratación de la Comunidad con el Grupo Rafael, uno de los intermediarios entre Correa y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para evitar que los funcionarios se percataran de que los beneficiarios de los contratos eran miembros de la red corrupta.