Madrid cobró 2,3 millones de más a pensionistas con el copago farmacéutico

La Comunidad empezó en diciembre a reintegrar lo pagado por encima del tope en julio y agosto El copago farmacéutico entró en vigor el 1 de julio sin el sistema informático necesario

Una farmacia en el centro de Madrid.
Una farmacia en el centro de Madrid. Uly Martín

Madrid fue una de las comunidades que, al entrar en vigor el copago farmacéutico el 1 de julio pasado, aún no estaban preparadas para que las farmacias supieran cuándo un pensionista llegaba a su tope mensual de aportación (8, 18 o 60 euros, en función de la renta) y por tanto había que dejar de cobrarle los medicamentos. La región carecía entonces, y también ahora, de receta electrónica, por lo que no existía un sistema automático que permitiera dejar de cobrar una vez alcanzado el límite, como sí se hizo, por ejemplo, en Andalucía. En julio y en agosto los pensionistas pagaron el 10% del coste de sus fármacos sin límite. El resultado es que la Comunidad de Madrid les cobró indebidamente 2,3 millones de euros en esos dos meses.

Esta cantidad ya ha sido devuelta, según la Consejería de Sanidad. El reintegro de los 2,3 millones de euros se abonó por transferencia bancaria a lo largo del mes de diciembre, según señala en una nota de prensa. Sanidad también ha devuelto casi 7.900 euros a las cuentas corrientes de usuarios que habían pagado de más por discrepancias con la aportación que les correspondía según su nivel de renta. En total, se recibieron 217 solicitudes de reintegro por este motivo, según Sanidad. El copago farmacéutico empezó a aplicarse con datos desfasados de los pacientes, puesto que se tomó como referencia la declaración de la renta de 2010. Farmacias y centros de salud de toda España detectaron numerosos casos de personas a las que se había atribuido un código —y, por tanto, un porcentaje de pago de medicamentos— que no les correspondía.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció a finales de julio que los pensionistas madrileños no iban a tener que adelantar el 10% del coste de los fármacos que comprasen cada mes. El sistema que se puso en marcha en septiembre consistía en una tarjeta de cartulina en la que el farmacéutico iba apuntando a mano los importes que iban pagando los pacientes. El primer día laborable de la entrada en vigor de este sistema se produjeron colas en los centros de salud. El funcionamiento era muy básico: en la ventanilla les entregaban la tarjeta, en la que un administrativo anotaba a mano el nombre, el código de identificación personal, el del tipo de aportación, el límite de aportación (8, 18 o 60 euros, según la renta) y el mes de validez, además de estampar el sello del centro.

Previamente el funcionario había tenido que consultar todos esos datos en el sistema informático. Muchos pasos, que requerían varios minutos por paciente. Resultado: colapso en las unidades administrativas de los centros de salud. “Un caos”, se quejaba el primer día una administrativa del centro de salud General Ricardos, en Carabanchel, uno de los mayores de la capital, con casi 50.000 tarjetas sanitarias asignadas. Las quejas de los administrativos obligaron a volver a cambiar el sistema. Las tarjetas dejaron de entregarse a los pocos días. Montones y montones de ellas se quedaron almacenadas en los centros de salud.

La Consejería de Sanidad asegura que otras 150 solicitudes de reembolso por valor de 5.000 euros están en proceso de tramitación por errores en el tipo de aportación que correspondía a los usuarios. También se ha iniciado ya el proceso para devolver lo cobrado de más en septiembre, que supone "una cantidad muy inferior" a los 2,3 millones de julio y agosto, puesto que para entonces los pensionistas ya contaban con el documento para que el farmacéutico fuera anotando los pagos. Según la Consejería, el sistema de contabilidad de las recetas permite saber a posteriori si los usuarios han pagado por encima de su límite.

Sobre la firma

Elena G. Sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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