Un largo recorrido para frenar los desahucios

El 2012 ha sido un año duro y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que 2013 seguirá la misma empinada senda. El desempleo no ha dejado de aumentar y ha tenido un correlato amargo en el número de españoles que han sido desahuciados de sus viviendas por no poder hacer frente a hipotecas concedidas, mayoritariamente, por entidades bancarias que han tenido que ser nacionalizadas por la mala gestión de sus responsables. La Comunidad Valenciana es el territorio en que más desalojos se han producido de toda España. Datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que hasta el mes de septiembre se habían sustanciado 19.324 expedientes de desahucios de los cuales 12.464 se tradujeron en la pérdida de la vivienda por parte de los hipotecados.

Seguida de Andalucía y Madrid, la valenciana lidera la clasificación de las autonomías españolas con mayor número de desalojos. Son cifras que explican también hasta qué punto la explosión de la burbuja inmobiliaria ha afectado a la región. Durante los tres primeros trimestres del año en España se produjeron 67.537 expedientes de desalojo, un 18,3% más que durante el mismo periodo del año anterior. En la Comunidad Valenciana, 19.324, un 30% más. Doce puntos por encima de la media española.

¿Todos esos expedientes suponen a sus propietarios la pérdida de un techo bajo el que cobijarse? No necesariamente. La mayoría de los desahucios corresponden a segundas viviendas. De hecho, las expulsiones de los habitantes de sus casas con los enseres en la calle son una minoría. No existen datos precisos de cuántos desalojos corresponden a primeras viviendas y cuántos a segundo porque los expedientes que llegan a los juzgados no lo explicitan.

En los primeros casos, la actuación ciudadana ha sido sido decisiva para evitar que sus habitantes terminaran en la calle, forzando a las entidades bancarias a aceptar daciones en pago o alquileres de carácter social. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha sido determinante en este sentido. También los jueces que han criticado severamente la actual Ley Hipotecaria, llegando a acusar a los bancos de “malas prácticas” y de venta “torticera” de productos financieros. La movilización de ciudadanos y magistrados logró que el Gobierno estableciera un código de buenas conductas y, más tarde, que aplicase una moratoria para los casos “más vulnerables”.

No fue fácil arrancarle al Ejecutivo estas concesiones. Hizo falta que se produjeran cuatro muertes y muchas horas de protesta. En Burjassot (Valencia), un vecino se lanzó por la ventana poco antes de ser embargado. Sus familiares continúan en el piso, subastado, y él sigue ingresado en el hospital.

La plataforma de Valencia, a pesar de recordar un solo caso en el que no pudieron paralizar el desalojo y la familia se quedó en la calle, considera que 2012 ha sido un annus horribilis y que las medidas adoptadas son “insuficientes”. Los jueces, encabezados por el decano de Valencia, Pedro Viguer, se opusieron a la actual legislación que regula la solución a los impagos de hipoteca. Viguer opina que la moratoria es “algo provisional” que no ataca la raíz del problema. “Es un tema muy preocupante”, sostiene, “que está causando una sangría social”.

La PAH —que pretende presentar una Iniciativa Legislativa Popular solicitando la dación en pago retroactiva o la adecuación de alquileres sociales, entre otras propuestas— ha reunido más de 80.000 firmas en la Comunidad Valenciana. En febrero, esperan llegar al millón en toda España y entregarlas en la Junta Electoral Central.

Según la PAH, las cifras de afectados no dejan de aumentar. En la Comunidad Valenciana se registran 46 expedientes de desahucio al día, una cifra récord. Un 15,9% más que en el primer semestre de este año y que en el mismo periodo de 2011. Aunque se nota un descenso a partir de julio, como en el pasado otoño. Del segundo trimestre al tercero se ha pasado de 18.668 a 12.610, un 34% menos. Una posición similar a la que ocupaba en el primer semestre, según han ido publicando en el estudio de Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el CGPJ.

En octubre, sin embargo, se produjo un cambio determinante en octubre. El Gobierno adoptó una prórroga para casos extremos y se comprometió a proporcionar “un parque de viviendas de alquiler social” con una renta “baja y razonable”. Todos los desahucios se pusieron en el montón de los expedientes paralizados y los propietarios pudieron permanecer en sus casas.

Unas medidas que, no obstante, dejan fuera a muchos afectados. Justo un par de días antes de que se firmara esta moratoria, Juan Gañán y su mujer anunciaban desde la terraza de su piso del barrio de Orriols, en Valencia, que su ejecución estaba detenida. “Aun así, seguimos viviendo en casa de mi cuñada”, relata Juan. “No podemos permitirnos volver a llevar todo sin saber cuánto tiempo podemos estar allí”, afirma aferrado a una incertidumbre que no han calmado ni su banco ni el Gobierno.

Muchos otros casos han seguido su curso. Hace unas semanas, miembros de la plataforma hicieron vigilia frente a la sede de Bankia en Valencia. Aguantaron una semana en la que se reunieron con los portavoces de las principales entidades bancarias. Ninguno les dio una respuesta firme, pero el puesto desde donde ofrecían café a los que se acercaban sirvió de punto de encuentro para los que no conocían la iniciativa. “Aún hay mucha gente que tiene vergüenza”, señalaban.

Hasta el próximo año no habrá valores del último trimestre. En los círculos internos de los bancos, según fuentes políticas, se ha puesto el freno a las ejecuciones. Pero la PAH solo habla de un “retraso de lo inevitable”. Detrás continúan los intereses y la carga de una hipoteca sin pagar.

El remedio está ahora repartido en varios terrenos: las familias, los bancos, los jueces y el Gobierno. Mientras se produce la sinergia de todos estos elementos, miles de personas idean un plan para cuando el procurador, como hasta ahora, toque el timbre.