González pide que se regule al derecho a la huelga ante su “uso abusivo”

Los frentes se le acumulan a Ignacio González. Ungido presidente de la Comunidad hace apenas tres meses, el dirigente popular afronta el periodo más tormentoso de su mandato. Los paros en la sanidad madrileña, Telemadrid y Metro le han llevado a pedir al Gobierno central que se regule el derecho de huelga. “Es hora de que quien tenga competencia así lo haga, ya que los sindicatos del sector público están haciendo un uso abusivo de este derecho, de forma insolidaria e injusta”, planteó sin mencionar expresamente al Estado. El Ejecutivo autonómico mantiene un pulso con la Moncloa por varias razones, entre las que figuran la negativa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de otorgarle a Madrid los mil millones de euros que reclamaba del sistema de financiación, o la tasa regional del euro por receta siguiendo el ejemplo de Cataluña.

La Sanidad regional cumplió este miércoles un mes de paros contra el plan que pretende privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. González les pidió que “no jueguen” con la salud de los madrileños y que “no utilicen” a los pacientes ni a los enfermos “para sus reivindicaciones laborales, por muy legítimas que sean”, expresó el presidente madrileño, tras realizar por la mañana una entrega de alimentos en un comedor social. González también argumentó que urge una regulación del derecho de huelga poniendo de ejemplo las protestas que vienen paralizando el Metro, donde hay convocados paros hasta el próximo 31 de diciembre y huelga de 24 horas los días 4 y 5 de enero. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, criticó la propuesta de González, al que volvió a reprochar que “está aplicando el rodillo para desmantelar los servicios públicos”.

Las primeras tres semanas de huelga indefinida de médicos han dejado 31.000 consultas hospitalarias canceladas, que han tenido que ser reprogramadas, según la Comunidad, que cifra en casi 40.000 consultas y 6.240 las operaciones no se han realizado (las operaciones urgentes y las oncológicas estaban garantizadas por los servicios mínimos). A su vez, las altas hospitalarias habrían descendido un 41% (9.554 menos de lo habitual). “Los madrileños tienen derecho a ser atendidos por los profesionales sanitarios porque pagan sus impuestos”, argumentó González. La mentora y antecesora en el cargo de González, Esperanza Aguirre, ya planteó medidas similares en otros conflictos laborales, como la huelga de controladores aéreos o la huelga de Metro de 2010. “Es intolerable que se impida a los ciudadanos la movilidad por una reivindicación laboral que en este caso, además, es insolidaria e injusta”, manifestó el presidente madrileño, que cuestionó las razones de los trabajadores del suburbano “porque han visto incrementada su masa salarial un 20%, mientras el conjunto de los trabajadores públicos ven reducidas sus retribuciones por la eliminación de la paga extra por la crisis”.

González también calificó como “inadmisible” la huelga —con paros desde mediados de mes e indefinida desde el día 22— que afecta a Telemadrid. La televisión pública no emite en respuesta al ERE que prevé 925 despidos en una plantilla de 1.170 empleados, casi el 80%. “Hay más de 27.000 profesionales de la información que se han ido al paro... No es razonable que, estando en un proceso presuntamente de negociación, como dicen los sindicatos que quieren negociar, lo hagan una vez más poniendo en negro la televisión, cosa que no ha existido en ningún medio de comunicación de este país”, criticó González, al que un grupo de trabajadores de Telemadrid abuchearon a su llegada al acto. El proceso de negociación concluye el 6 de enero.

No es la primera vez que un destacado responsable del PP plantea una revisión de la normativa. Aunque no habló en ningún momento de regular el derecho de huelga, Cristina Cifuentes pidió en octubre cambios legales para “modular” el derecho de manifestación ante la profusión de manifestaciones, principalmente en el centro de Madrid. La delegada del Gobierno consideró que había que “modular” el derecho de reunión porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, “tiene muchos años” y “habría que modificarla no para recortar derechos, sino para racionalizar el uso del espacio público”. “No puede ser que en un mismo día en Madrid haya 10 manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del centro están desesperados con toda la razón”, apuntó Cifuentes.