Agbar acusa a la cúpula de la ACA de prevaricar y la lleva a Antifraude

La escalada en la guerra entre Agbar y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha dado otro paso más. La compañía de aguas ha presentado una denuncia a la Oficina Anticorrupción de Cataluña (OAC) contra la cúpula de la Agencia Catalana del Agua (ACA) por inducir presuntamente a “un delito de prevaricación administrativa” o de “prevariación continuada” por una resolución fechada en junio de 2012 en el que la agencia, dependiente de la consejería hasta ahora dirigida por Lluís Recoder, archivaba la solicitud de Agbar para que le fueran abonados 1,45 millones de euros correspondientes a la gestión, liquidación y recaudación del canon del agua en los ejercicios 2009 y 2010.

La denuncia, que se registró en la OAC el 7 de noviembre de 2012, se dirige contra el director de la ACA, Leonard Carcolé; la directora del área Tributaria y de Ingresos, Mariona Coch, y el gerente de la agencia, Joan Pinyol. El documento, al que ha tenido acceso este diario, relata que el 30 de julio de 2010 la ACA reconoce el derecho a una indemnización a Agbar por recaudar el canon de 610.021,20 euros correspondientes a 2009 tras comprobar que cumplía las obligaciones del decreto 103/2000, los datos de la solicitud y haber revisado y validado los datos para realizar el cálculo. El 19 de diciembre de 2011, según la denuncia, la agencia remitió otra carta a la compañía con el mismo contenido referente al ejercicio 2010.

A pesar de ello, la ACA no abonó esas indemnizaciones, por lo que el 1 de marzo de 2012 reclamó “el cumplimiento de la obligación de pago”. El importe exigido ascendía a 1,45 millones de euros. La que correspondía a los impagos de 2009 y a 2010 y a los intereses de demora, de 93.482,11 euros. Según la denuncia, 15 días después Coch respondió en nombre de la ACA y justificó los impagos, en parte, por las “dificultades económicas” de la entidad, pero añadía que debía verificar el artículo 45.2 del decreto 103/2000, que condiciona el pago de las compensaciones a que no se produzcan incumplimientos “reiterados”. Agbar replica en el texto que las resoluciones remitidas en 2010 y 2011 sostenían que los datos de cálculo ya habían sido “revisados” y eran “definitivos” y que, además, acreditaban el cumplimento del decreto.

El 20 de junio de 2012, prosigue la denuncia, Agbar volvió a reclamar los créditos vencidos. La respuesta llegó el 30 de julio de 2012, mediante una resolución firmada por Coch que señalaba que no existía “ningún crédito líquido, vencido y exigible” a favor de Agbar, que los datos de cálculo de esos ejercicios eran “provisionales” y que “no puede existir un reconocimiento definitivo que implique nacimiento de la obligación de pago”. Eso llevó, según la denuncia, al “archivo sin más trámite de la solicitud de comprensión”.

Todo ello lleva a Agbar a considerar que existe un supuesto delito de “prevaricación administrativa de autoridad o funcionario público”, constitutiva de infracción penal de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal. La compañía considera que la ACA no puede oponerse a ese pago cuando se han comprobado los datos de solicitud, se han reconocido como “definitivas” las compensaciones y se ha admitido el cumplimiento de las obligaciones del decreto. Agbar expone que dicha decisión no puede ser adoptada con “el desconocimiento” de sus superiores —Leonard Carcolé y Joan Pinyol—, por lo que pide a la OAC que abra una investigación contra los tres responsables de la ACA por un supuesto delito de prevaricación.