“Vivimos el mayor ataque político al sistema de valores constitucional”

Mariano Durán (Valencia, 1958), decano del Colegio de Abogados de Valencia, no pierde la calma ni al hablar de la cuestión que ha incendiado el mundo de la justicia y puesto en contra del ministro Alberto Ruiz-Gallardón a todos los colectivos y a todas las asociaciones profesionales, incluidas las conservadoras, que lo integran. Pero ello no le impide sumarse con contundencia al coro que pide su retirada, en especial la de las nuevas tasas judiciales que, asegura, impedirá a una parte de la población acceder a un servicio público clave en un país democrático.

Pregunta. ¿Qué opina de las reformas de la justicia impulsadas por el Gobierno?

Respuesta. Creo que no hay un plan para la administración de justicia. Hay reformas del código penal, de la ley de enjuiciamiento criminal, el tasazo, la jurisdicción voluntaria por la que los notarios llevarán divorcios… Pero no hay un plan para la Administración de justicia.

P. ¿Qué habría que cambiar?

R. Hace falta diseñar una Administración de justicia para el siglo XXI. Faltan muchas cosas, aparte de una dotación presupuestaria suficiente, que es una necesidad histórica, porque España destina el 0,8% del PIB a la justicia mientras países como Francia están en el 3,5%. Continuamos con los legajos, todos los procedimientos en papel en vez de en procesos telemáticos y con redes informáticas compatibles. Seguimos con una ratio de jueces por habitantes de las más bajas de Europa. Con un nivel parecido al de Estonia. Y luego parece, por las declaraciones de algunos responsables políticos, que el ciudadano va a los juzgados de cachondeo, cuando no es así: va temeroso, preocupado, con incertidumbre.

"Las nuevas tasas judiciales afectarán sobre todo a la clase media"

P. ¿En qué escenario nos sitúan las nuevas tasas judiciales?

R. Primero ha habido una falta de consenso absoluta, no se ha consultado a quien trabajan en el sector. Ni siquiera la memoria económica de la ley está bien hecha: se han hecho cálculos hacia arriba para que la gente no vaya a los tribunales. Lo cual es el ataque más grave desde el poder político a nuestro sistema de valores constitucional.

P. ¿De qué niveles estamos hablando?

R. Hace unos días, en un recurso de apelación en el orden civil, hubo que liquidar una tasa de 4.000 euros. Yo creo que no es exagerada, sino algo más. Y puede pasar que alguien detenga su vehículo para bajar las bolsas de la compra, porque el código de circulación permite detenerse durante dos minutos, y pase un policía municipal y le ponga una multa de 100 euros. Sería una multa que no procede, pero si el afectado quisiera recurrirla le va a costar más el recurso que la multa. Y no se lo van a devolver aunque el juez le dé la razón, porque en el orden contencioso-administrativo no hay imposición de costas. En general no tiene sentido, este nivel de tasas quiero decir.

P. ¿Quienes cree usted que van a quedarse sin acceso a la justicia?

R. La clase asalariada cuyo nivel de renta está dentro de la asistencia jurídica gratuita, con ingresos de hasta 1.100 euros al mes de toda la unidad familiar, no pagará. El que tiene dinero, no pagará a gusto la tasa, pero podrá hacerlo. ¿A quién va a afectar? A las clases medias. Familias que entre el matrimonio ganan 1.500, 1.800 o 2.500 euros. Si les dices que para discutir la herencia de los padres, que la tiene que decidir un juez, se van a una tasa fija de 300 euros, se lo van a pensar. Y si el conjunto de la herencia, sumando la casa del pueblo, el piso de Valencia y el apartamento de la playa alcanza los 600.000 euros, tendrían que pagar 3.300 euros de tasa en primera instancia. Si van a apelación, otros 3.800 euros. Y hay que tener en cuenta que el 35% de sentencias de primera instancia se revocan.

P. El ministro Gallardón ha dicho que el malestar en el sector de la justicia tiene un origen económico, por la supresión la paga extra. ¿Van a perder mucho dinero los abogados debido a que la subida de las tasas ahuyentará a clientes?

"Va a costar más recurrir una

R. Me parece que un responsable político no debe nunca insultar o faltar al respeto a todos los colectivos. En este caso, el rechazo ha sido de abogados, jueces, secretarios judiciales, fiscales, otros funcionarios, el fiscal general del Estado, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, algún exmagistrado del Tribunal Constitucional... Es difícil que todos estemos equivocados. A los abogados no creo que vaya a afectarles mucho, porque en el ejemplo de la herencia que ponía, la familia necesita que se resuelva, y solo puede hacerlo un juez. El jubilado que está afectado por un preferente de Bankia va a querer recuperar su dinero. Pedirá un préstamo al banco o a sus hijos, pero lo hará. Va a ser disuasorio relativamente.

P. ¿Esperaba más de Gallardón, que además de haber sido alcalde y presidente de la Comunidad de Madrid proviene de la carrera fiscal?

R. Gallardón aprobó las oposiciones a fiscal y, que yo sepa, ni tomó posesión, no tuvo ningún destino. Después ejerció de abogado, en un despacho y fue de joven, incluso, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. O sea que algo conoce el sector. Y sí, me ha decepcionado. No se corresponde el talante que tiene en la cercanía con estas reformas impuestas.

P. El Tribunal Constitucional ha avalado la negativa del País Vasco a excluir a los sin papeles de la cobertura sanitaria como había decretado el Gobierno. ¿Cree que el Constitucional acabará anulando medidas como esa o la de las tasas judiciales?

R. Cuando se gobierna sin consenso, las cosas normalmente no salen bien. Y aquí se está gobernando sin consenso en ninguna materia. En justicia desde luego. Creo que el Constitucional tendrá mucho que decir. Ya hemos visto algún paso, como la atención a inmigrantes, y creo que no tardaremos mucho en ver algo parecido sobre las tasas judiciales. El grupo parlamentario socialista ha presentado recurso, el Síndic de Greuges valenciano le ha pedido a la Defensora del Pueblo que lo promueva, y estoy convencido de que empezarán a llegar desde distintos juzgados de toda España cuestiones de inconstitucionalidad promovidos por los propios jueces.

"El Constitucional tendrá trabajo con la asistencia a sin papeles y las tasas"

P. ¿Está la Administración de justicia valenciana peor que la media española?

R. Yo creo que estadísticamente las diferencias no son significativas. Está mal en todos lados, porque falta presupuesto, faltan medios, falta tecnología, faltan jueces, faltan funcionarios en algunos juzgados... Si el presupuesto históricamente estaba mal, en tiempos de crisis ni le cuento.

P. Y, sin embargo, es en estas épocas cuando los ciudadanos más tienen que acudir a ella.

R. No se dan cuenta de que precisamente en tiempos de crisis la inversión más rentable es en justicia. Solo en procedimientos en los que son parte las Administraciones hay pendientes de resolver 20.000 millones de euros. Si se le añaden las reclamaciones entre particulares, de empresas y autónomos contra deudores, los concursos de acreedores y demandas por despido, la cantidad de miles de millones de euros que están pendientes de salir al mercado es tremenda. Es el momento de invertir en justicia y la solución no son tasas que puedan impedir los recursos y las demandas. Y que, además, tienen muy poca progresividad: son las mismas para una familia trabajadora que para una gran empresa.