Una mansión de “interés público”

La suntuosidad es marca de la casa para los propietarios de Can Juncadella, una finca sobre la playa de Cala Canyelles, en Lloret de Mar. Los vecinos relatan lujos como la celebración de fiestas privadas con fuegos artificiales o el desembarco de ferrarisen verano para los amigos de la familia. El último atrevimiento de los dueños ha puesto en guardia al fiscal, que ve indicios de prevaricación urbanística en la licencia para edificar una mansión anexa de “invitados” con 13 suites en un espacio natural protegido.

El arquitecto municipal de Lloret y el de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona están imputados en el caso. Ambos tendrán que comparecer ante el juzgado de Blanes que instruye la causa después de que el fiscal de Medio Ambiente de Girona, Enrique Barata, haya percibido “indicios fundados de delito” en la concesión de licencias para la construcción de la mansión a Flinder Data, la sociedad que gestiona la finca y tras la que se ocultan los propietarios, una poderosa familia de las altas esferas políticas de Kazajistán. Tras una amplia investigación, Barata ha remitido al juzgado la denuncia penal que presentaron los ecologistas de SOS Lloret.

Las obras de la mansión, situada en el macizo de Cadiretes, rodeada de pinos y surcada por varios caminos que conectan la enorme finca, están muy avanzadas. La construcción constará de 13 suites, 19 baños, salón de té, bodega de licores, piscina con solárium y toda clase de comodidades. El lujo de la finca desata toda clase de especulaciones. “Hay gente que dice que ha visto a Berlusconi”, cuenta un vecino de la urbanización cercana, que no quiere dar su nombre. “Los dueños vienen solo un mes y no van nunca a Lloret”, relata el hombre, que dice que sí es frecuente verlos cenar —a él, ella y un niño— en un restaurante de la zona. La finca tiene acceso directo a la cala y cuenta también con otra edificación junto a la playa.

El problema es que las obras de la mansión están fuera de la ley, que no ampara este tipo de construcción en un Espacio de Interés Natural que forma parte de la Xarxa Natura 2000, según el fiscal. Los hechos denunciados se remontan a 2010, cuando el arquitecto de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, primero, y el del Ayuntamiento de Lloret después, avalaron la legalidad de las obras basándose en dos artículos de la Ley de Urbanismo, el 48 y el 50. El primero se refiere a proyectos de “actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable”, mientras que el artículo 50 de la ley (luego reformada) se aplica a la reconstrucción o rehabilitación de masías. El fiscal considera, en el primer caso, que no hay base para defender el “interés público” de las obras. Tampoco es aplicable el segundo artículo, aunque en la finca había un gallinero y una casa de campo antigua, ya que los propietarios derrumbaron esas edificaciones para hacer obras en un espacio distinto, sin que haya ninguna intención de preservación.

Fueron ambos informes favorables los que ampararon al director de la Comisión Territorial de Urbanismo y a la Junta de Gobierno Local de Lloret —presidida por el entonces alcalde, Xavier Crespo— para otorgar los permisos, a pesar de que había tres informes previos desfavorables del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat en relación al mismo proyecto, que recalcaban que en ese lugar solo se puede construir para usos agrícolas, forestales y ganaderos. El fiscal quiere que declaren los técnicos de la Generalitat, así como la arquitecta del Ayuntamiento de Lloret que informó de la ilegalidad de las obras —en contra del criterio de su sucesor— y los mossos que han realizado la investigación, a los que los guardaespaldas que custodian la propiedad negaron la entrada a la finca.

La Unidad Central de Delitos Urbanísticos y Contra el Medio Ambiente de los Mossos d’Esquadra, que investigó el caso, pidió además la imputación de Xavier Crespo, de los miembros de la Junta de Gobierno Local de Lloret y de los responsables de Urbanismo, algo que el fiscal no ha considerado pertinente con los indicios recogidos hasta ahora. Los ecologistas denuncian las “numerosas irregularidades” que se han cometido en la finca y la “dejadez de las Administraciones responsables” a la hora de ponerles freno. El juez deberá decidir si las obras de Can Juncadella son legales o si las Administraciones forzaron con exceso la ley a sabiendas de que se estaba incumpliendo la normativa para favorecer a los propietarios.