Fabra se deshace del interventor imputado y renueva Sanidad

La remodelación del segundo escalón del Gobierno valenciano, aprobada este viernes, evidenció dos cosas. Por un lado, una línea de actuación errática respecto a los altos cargos implicados en casos de corrupción. Y, por otro, las enormes dificultades del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para confeccionar los equipos de gestión de las consejerías.

La manera de abordar los escándalos de corrupción se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Fabra y en un galimatías para el PP.

El Consell aprobó la destitución del interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, imputado —igual que el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela— por un delito de revelación de secretos al haber filtrado, supuestamente, un informe encargado por el juzgado al exconsejero imputado en el caso Cooperación Rafael Blasco.

Una reunión en la que aprobó también el nombramiento de Dora Ibars como directora general de Promoción Institucional. Un puesto que ha permanecido vacante desde que hace un mes fue destituida del mismo cargo por estar imputada en una de las piezas separadas del caso Gürtel. Lo sorprendente es que Ibars llevaba imputada desde el 17 de noviembre de 2011 y el Consell no decidió aplicarle “la tolerancia cero contra la corrupción” hasta hace mes y medio. Ahora, la rehabilita dos días después de que el auto del magistrado José Ceres no hallase indicios suficientes para mantener la imputación a Ibars en la pieza de la adjudicación de los contratos de la Agència Valenciana de Turisme a Orange Market.

Ciscar desvincula la destitución del interventor de su situación judicial

Para acabar de redondear el galimatías, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, argumentó que la destitución del interventor general no está motivada por su imputación, sino por la reestructuración que se prepara en la Consejería de Hacienda. Aunque el Consell dejó, por el momento, la vacante libre en un puesto clave para el funcionamiento de la Administración valenciana.

Ciscar recalcó de nuevo que no se pedirá al exvicepresidente Vicente Rambla ni a las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such que renuncien a su acta de diputados en las Cortes Valencianas.

Las indefiniciones sobre cómo abordar la situación de los cargos implicados en escándalos incluyen también la promoción de Laura Chorro, pareja sentimental de Ricardo Costa —el exsecretario general del PP imputado en dos piezas del caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del partido—. Chorro abandona la gerencia de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado (Fundar) para ocupar la dirección general de Familia y Mujer con la nueva consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez. Ambas coincidieron como ediles en el Ayuntamiento de Alicante.

En este departamento también ha encontrado acomodo la secretaria autonómica Manuela García Reboll, hasta ahora número dos de Sanidad y ahora se encargará de gestionar con el mismo rango la Dependencia en Bienestar Social.

La política contra la corrupción se convierte en un galimatías

Su salida de la Consejería de Sanidad se daba por hecho desde que se anunció que el nuevo consejero sería Manuel Llombart, el director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Las relaciones entre ambos eran tensas a cuenta de enfrentamiento que mantuvieron por los impagos de la Generalitat con el IVO y la consideración desde Sanidad de que la fundación dirigida por Llombart estaba facturando en exceso a la consejería.

El nombramiento de Llombart ha dado un vuelco a esta situación a la vez que plantea dudas sobre el conflicto de intereses que puede derivarse del hecho de que el gerente de un importante y particular cliente de la Generalitat, como es el IVO, pase a dirigir la consejería. Aún más, teniendo en cuenta que el centro oncológico está ligado a la familia del nuevo consejero.

Llombart ha aterrizado en un departamento muy renovado respecto a la etapa de su antecesor, Luis Rosado. Aunque menos de lo que parece. Los nuevos números dos y tres de la consejería son viejos conocidos del departamento, y antiguos colaboradores del ex consejero de Sanidad Manuel Cervera (2007-2011).

Manuel Escolano, director general en la consejería desde 1999 sucederá en la secretaría autonómica a García Reboll, cuyo nuevo destino en Bienestar Social causó sorpresa en el seno del PP por ser uno de los cargos más quemados con el fracasado intento de privatización no asistencial de toda la sanidad pública.

García Reboll, enfrentada a Llombart, sigue en Bienestar Social

El nuevo subsecretario de la consejería es Ignacio Ferrer. Para este cargo, el equivalente a número tres del departamento, Llombart cuenta con el que fuera jefe de gabinete del ex consejero Cervera, que en la etapa de Rosado se mantuvo en segundo plano en la dirección general de Evaluación, Calidad y Atención al Paciente.

Quizás estos nombramientos traten de aportar experiencia a Llombart ante la difícil tarea que se le presenta en el horizonte: una sanidad con una aguda debilidad financiera y un programa de privatización de la gestión de servicios por el que las operadoras sanitarias no han demostrado demasiado interés a la vez que ha sembrado de incertidumbres a los trabajadores de la red pública. En ese sentido, cobra especial importancia el fichaje de la secretaria general de la Sindicatura de Comptes como directora general de Régimen Económico de la Consejería.

En la remodelación realizada tras la desaparición de las consejerías de Agricultura y Turismo se salvan también buena parte de los altos cargos. Sorprende en la Consejería de Economía la repesca de Mar Casanova como directora general de Internacionalización, porque inició la legislatura como secretaria autonómica de Economía con Enrique Verdeguer de consejero y tras la llegada de Buch pasó a ser secretaria autonómica de Agricultura. Y también la reconversión de Ignacio Ventura, que pasa de director general de Proyectos Estratégicos a director general del Sector Público Empresarial en la Consejería de Hacienda.

El PP quiere quitar a la mitad de los miembros de los órganos consultivos

Tras el baile de cargos y de puestos, el Consell acabó por suprimir dos subsecretarías y una dirección general, creó una nueva secretaría autonómica de Turismo y dejó por ocupar la plaza del Interventor General de la Generalitat, una secretaría autonómica y una dirección general.

En la misma reunión, el Consell aprobó cuatro anteproyectos de ley para reducir a la mitad los miembros del Consell Jurídic Consultiu, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Económico y Social y el Consell Valencià de Cultura.