Medio Rural salva de los nuevos despidos a los que más cobran

El paraguas de la austeridad que Feijóo despliega desde 2009 en todos los rincones de la Xunta da cobijo en la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) a quienes más cobran. Este organismo de la Consellería de Medio Rural acaba de despedir a 23 empleados que trabajaban en los centros comarcales de Galicia, unas oficinas abiertas durante los mandatos de Manuel Fraga en las zonas rurales para facilitar información y trámites administrativos a sus habitantes. Los despedidos apenas cobraban 20.000 euros al año, según datos aportados por la CIG, ya que la consellería se ha negado a revelar siquiera cuánto prevé ahorrar con la supresión de estos puestos.

Tres de las afectadas por los despidos en Agader acaban de reincorporarse de la baja maternal, según admite la consellería. “Su despido [tras la baja maternal] es totalmente compatible con la ley de maternidad”, defiende Medio Rural en referencia a la Lei de Apoio á Familia, una polémica norma aprobada en la pasada legislatura con el argumento de promover políticas de apoyo a la natalidad y de “protección a los más vulnerables”. Sindicatos y trabajadores despedidos denuncian que la elección de los afectados por el recorte de personal responde a una “represalia” por parte de los responsables de Agader, ya que todos ellos son personas que ganaron en los tribunales conflictos laborales anteriores o empleados incorporados en la época del bipartito. La consellería, por su parte, se limita a señalar que se ha prescindido del personal “de carácter interino o temporal” y se ha “absorbido o recolocado al personal laboral fijo”.

Los afectados por los despidos responden a la consellería que el procedimiento para considerar a unos trabajadores personal laboral fijo y a otros denegarles esta condición fue arbitrario. La selección ocurrió en 2010, cuando Agader engordó su plantilla absorbiendo a otras dos entidades dependientes de la Xunta: el Banco de Terras (Bantegal) y la Sociedade de Desenvolvemento Comarcal (Sodeco). La fusión, una más dentro del proceso de adelgazamiento de la Administración autonómica, fue justificada como una medida de ahorro, pero no supuso la supresión de cargos, ya que los gerentes del Banco de Terras, de Sodeco y de las fundaciones comarcales, que fueron cerradas, encontraron acomodo en Agader. El gerente de la desaparecida Sodeco era Severino Álvarez Monteserín, que es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mesía.

La Xunta creó entonces una comisión de funcionarios y representantes sindicales para valorar qué personas procedentes de estas sociedades cumplían los requisitos para pasar a Agader como personal fijo. Parte de los descartados recurrieron y el recurso fue admitido por el director general de Desenvolvemento Rural, un cargo del PP. Según explica uno de los despedidos, la Xunta hizo así fijos a trabajadores “a la carta” que ahora mantienen su empleo y negó esta categoría a los empleados “molestos”, esos mismos que ahora han sido enviados al paro.

Tras los despidos, el cuadro de personal de Agader queda formado por 95 puestos, según se puede leer en el acta del consejo de dirección de este organismo que el pasado 20 de noviembre aprobó el tijeretazo a la plantilla. El gabinete de comunicación de la consellería reduce este número extraído de un documento oficial a 57 puestos, sin llegar a explicar el porqué del baile de cifras. Once de estas plazas son para cargos directivos de libre designación, ya que la Consellería de Medio Rural ha ejecutado el recorte de plantilla por la base, entre los puestos que se cubren por concurso. La restructuración, publicitada para ahorrar gasto público, mantiene intocables a un secretario general, cuatro subdirectores y seis jefes de área, cuya suma de remuneraciones Medio Rural se niega a confesar. Cinco de ellos cuentan con un contrato de alta dirección. También conservan su puesto los gerentes de las 34 fundaciones comarcales que se incorporaron en masa a Agader cuando estas oficinas, ya con la amenaza de cierre, pasaron a depender de la agencia.Medio Rural se resiste también a aclarar a qué se dedican ahora estas personas y cuánto cobran. En 2008, según un cuadro de personal de alta dirección al que ha tenido acceso este periódico, el sueldo de los gerentes de las fundaciones comarcales oscilaba entre los 32.400 euros brutos anuales y los 51.700.

La CIG sostiene que la supresión de los 23 empleos no se justifica por la falta de trabajo y se trata de una “limpieza” por parte de los responsables de Agader. Uno de los despedidos asegura que en el Banco de Terras, que se dedica a alquilar parcelas en desuso a agricultores que quieran explotarlas, se acumulan un millar de expedientes sin resolver, lo que no ha impedido que se echen a la calle a dos personas. Hay casos de particulares que solicitaron fincas en marzo y a las que aún no se ha respondido.

CC OO afirma que los despidos se están ejecutando además de forma ilegal, ya que la Xunta debería haber tramitado un ERE. Esta fórmula implicaría la apertura de una negociación con los sindicatos que abriese la posibilidad de hallar una salida distinta que condenar al paro a 23 personas más.