Interior busca en la UE fondos para un centro de extranjeros en Algeciras

El repunte de inmigrantes indocumentados del último mes y medio en el Estrecho ha vuelto a dejar en evidencia la situación del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) establecido en la antigua prisión de La Piñera de Algeciras (Cádiz), donde un centenar de personas custodiadas por media docena de policías tienen que hacer frente a graves deficiencias.

Las deficiencias del edificio son evidentes. La falta de condiciones de vigilancia favoreció que el pasado 31 de octubre, en plena avalancha de inmigrantes en las costas de Algeciras y Tarifa, una decena de internos se fugara saltando la valla. Además, el edificio presenta humedades y daños causados por la lluvia, así como mobiliario inadecuado. "Hay sillas sin respaldo, mesas sujetas con un ladrillo o puertas y sanitarios rotos en los servicios", asegura el secretario local del SUP, Juan Antonio Morillo, quien considera "injusto" que sus compañeros tengan que "trabajar en estas condiciones". Hasta la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2011 destacó la masificación del centro y la ausencia de módulos diferenciados.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Andalucía Acoge, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y algunos partidos políticos han exigido el inmediato cierre de las instalaciones y su cesión al Ayuntamiento para el uso del edificio con fines sociales.

El Ayuntamiento de Algeciras aprobó una moción con la que se reclamaba a Interior que la antigua prisión de La Piñera pase a formar parte del patrimonio municipal, una vez construido un nuevo centro. El alcalde algecireño, el también diputado popular José Ignacio Landaluce, advirtió que el municipio ha "cedido ya los terrenos al Ministerio del Interior" junto a la prisión de Botafuegos. Pero el Ministerio del Interior no tiene presupuestada la obra y, según Landaluce, ha solicitado financiación a la Unión Europea como "infraestructura necesaria para el cumplimiento de las directivas Schengen".

El Parlamento andaluz, con la abstención del PP, también demandó hace menos de un mes que la Junta de Andalucía solicite al Gobierno el cierre inmediato del centro, "atendiendo a la situación de deterioro de sus instalaciones y las nulas condiciones de habitabilidad y de aplicación básica de derechos humanos en las que se encuentran las personas allí retenidas".

PSOE e IU han propuesto que el reglamento que regule los centros de internamiento de extranjeros incluya, como objetivo básico, "el respeto a los derechos fundamentales básicos" y "condiciones materiales que aseguren unas condiciones dignas de vida y el trabajo de quienes desarrollan su labor en estos centros".

Quienes reclaman el cierre del CIE de Algeciras, pretenden que siga la senda del centro de Málaga: un edificio ruinoso que cerró sus puertas en junio después de 12 años y tras haber sido escenario de diferentes polémicas e irregularidades policiales, como la deportación de 103 inmigrantes sedeados en el año 2000, la acusación de agentes por delitos sexuales contra internas del centro, incendios y suicidios.

El CIE de Tarifa, situado en el antiguo acuartelamiento de la Isla de Las Palomas, se encuentra en unas condiciones "más aceptables", gracias a la rehabilitación integral que se le realizó en su día por parte del Ministerio del Interior. Funciona como un módulo complementario del CIE de Algeciras y tiene capacidad para unas 120 personas. La Junta ha propuesto su uso como centro de interpretación medioambiental.