El Valedor pide leyes más duras contra los desahucios

El creciente número de desahucios de familias que no pueden afrontar el pago de sus hiopotecas constituye una “emergencia derivada del núcleo básico del Estado social, que debemos afrontar con toda la fuerza que nos da la justicia material”. El diagnóstico es del Valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández, que ayer hizo público un informe sobre esta cuestión en el que considera insuficientes las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno y pide más reformas legislativas para lograr, entre otras cosas, la declaración de responsabilidad de las sociedades de tasación—en su mayoría dependientes de los bancos— y la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas en los contratos.

El Valedor también se declara partidario de instaurar la dación en pago y pide que las Administraciones públicas faciliten viviendas de alquiler a las familias que se hayan quedado en la calle, una medida que, en el caso de Galicia, ya ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “Sería inadmisible”, concluye, “la existencia de un amplísimo parque de viviendas vacías unida a la lacerante realidad de familias sin una vivienda digna y adecuada”.

Encierro en Santiago

Mientras, en Santiago un grupo de activistas de Stop Desahucios se encerró ayer por la mañana en una sucursal del Banco de Santander, en la céntrica plaza de Galicia. La protesta pretendía forzar el desahucio de dos familias de Pontecesures, una de A Estrada y otra de Brión. Los activistas corearon gritos como “aquí está la cueva de Alí Babá” antes de encerrarse en la oficina, de donde finalmente fueron desalojados por la policía sin que se produjeran incidentes. Stop Desahucios pretendía forzar un compromiso por escrito del banco de que no pondrá en la calle a las familias amenazadas. “Pero lo único que conseguimos fue el compromiso de que en el plazo de dos semanas hablarán con los afectados”, reconoció un portavoz del colectivo.

La situación derivada de la imposibilidad de muchas familias de hacer frente a sus créditos es tan dramática que solo en el partido judicial de A Coruña se registra una ejecución hipotecaria cada dos días, según explicó ayer un funcionario del servicio de embargos judicial, Ángel Garmendia, que participa en una campaña de recogida de fondos para la cocina económica.