Junta y partidos critican las detenciones en un acto contra desahucios en Sevilla

La Delegación del Gobierno en Andalucía parece tener pocos argumentos para justificar la detención y posterior acusación múltiple de cinco personas el pasado sábado en Sevilla durante una manifestación contra los desahucios. Entre los detenidos estaba la camarógrafa Ana García, que grababa la marcha y los incidentes que en ella se registraron para los informativos de La Sexta. La periodista quedó en libertad al día siguiente con cinco acusaciones bajo el brazo: desobediencia y atentado a la autoridad, lesiones, altercados y ocupación. Pero el resultado de su trabajo, la grabación en imágenes de la actuación policial sigue en manos de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, aseguró ayer a preguntas de los periodistas que la detención de la camarógrafa y la retención de su cámara junto a las tarjetas que contenían la grabación de la marcha que percibía una “cierta tendencia” a “limitar y recortar” la acción de los medios de comunicación.

En la misma onda crítica, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, advirtió de que la “rabia de la ciudadanía” no se resuelve “con detenciones”. “Que los bancos estén recibiendo de nuestros impuestos 42.000 millones de euros mientras se está echando a la calle a ciudadanos”, lamentó Jiménez. El socialista aseguró que comprometer el trabajo de los medios de comunicación es “muy peligroso”, en referencia a la detención de la camarógrafa.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Sevilla hicieron público un comunicado conjunto en el que sostenían se había “vulnerado de una manera inaceptable y peligrosa el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz”.

A las quejas le seguía la petición a la juez de que devolviera “lo antes posible la cámara y su contenido con el trabajo profesional realizado por Ana García”.

Ante las acusaciones de unos y otros, la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, se limitó ayer a decir en un acto en su provincia natal, Almería, —en donde lleva al menos desde el pasado viernes— que se puso a los detenidos a disposición judicial “de manera rapidísima” y que había “que dejar trabajar a la justicia”. Crespo aseguró también que no tenía “ningún problema” en reunirse con la Asociación de la Prensa de Sevilla y el Sindicato de Periodistas de Andalucía para tratar sobre el caso de la detención de García mientras hacía su trabajo.

El problema para la Delegación del Gobierno es que la actuación de la policía deteniendo primero y confiscando después el material profesional de la camarógrafa que había grabado la actuación de los agentes durante la marcha se parece demasiado a la propuesta que hizo el pasado octubre el Ministerio del Interior, en la que se adelantaban la voluntad del Gobierno de modificar la ley de Seguridad Ciudadana con la intención última de prohibir “la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones”. No obstante, el proyecto de reforma de la ley anunciado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no se ha materializado aún.

Precisamente este hecho, alimenta las sospechas de políticos y profesionales de que bajo las cinco acusaciones contra la camarógrafa está la voluntad de impedir la difusión de las imágenes que esta pudiera haber grabado.

En la tarde de ayer, alrededor de un centenar de profesionales arroparon a Ana García en una concentración frente al edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla.