El TSJ tumba el recurso y deja el PGOU de Castellón en punto muerto

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha rechazado el recurso de súplica que el Ayuntamiento de Castellón interpuso para evitar tener que iniciar desde el principio una nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha sido anulado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo. Desde que hace un año el alto tribunal declarase nulo el plan que regía el urbanismo castellonense, el consistorio no ha cesado en su empeño de presentar recurso tras recurso y evitar lo que parece inevitable. De hecho, se inició en septiembre un nuevo trámite de exposición pública con la intención de tener aprobado el documento en abril. Pero entonces el TSJ ordenó al Ayuntamiento que dejara “de persistir en la aprobación de un PGOU” que es nulo y tramitara uno nuevo. El consistorio recurrió pero el TSJ ha vuelto a decir que la actuación no es la correcta.

“Nos llegó el auto ayer y lo analizaremos el lunes, junto con la consejería de Infraestructuras, para ver qué otras posibilidades judiciales podemos tomar”, explicó este sábado el alcalde, Alfonso Bataller. Según el regidor, el consistorio aun puede recurrir en casación la última decisión, pero pospone hasta el próximo lunes la decisión puesto que dijo desconocer los términos del último auto. Así, avanzó que en pleno de la próxima semana el concejal de Urbanismo comparecerá para dar una explicación de en qué punto queda el urbanismo de la ciudad.

Lo que quiere evitar el alcalde es tener que iniciar la tramitación de un nuevo PGOU que llevaría al menos cuatro años en los que el urbanismo de la ciudad quedaría prácticamente paralizado. Tal y como explicó el abogado de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (Apecc), que también recurrió ante el TSJ, el único salvavidas es el régimen urbanístico transitorio aprobado por el Consell. Gracias a este documento Castellón podría seguir ejecutando las actuaciones previstas en el plan anulado durante los próximos cuatro años. Pero el riesgo es que cualquier vecino que se considerada afectado por una actuación, por pequeña que fuera, podría impugnar el decreto. Desde la Apecc ya han manifestado que esta situación de “inseguridad jurídica” es suficiente para que ningún constructor se arriesgue a realizar ninguna obra.