‘Mossos’ con segundo indulto

En plena guerra sobre borradores policiales fantasma con cuentas en Suiza o en Liechtenstein, ha asomado la oreja lo que une a PP y CiU por encima de riñas identitarias. Ambas formaciones se han puesto de acuerdo para salvar los pilares del corporativismo policial y burlar los fundamentos del Estado de derecho. Solo así puede entenderse que el Gobierno central, a petición de los interesados y son el respaldo de la Generalitat, haya concedido un segundo indulto a cuatro mossos, una medida que echa por tierra dos sentencias condenatorias: de la Audiencia de Barcelona y del Tribunal Supremo. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha prestado oídos a la petición del consejero de Interior catalán, Felip Puig, y después de examinar concienzudamente la información disponible, ha visto la luz allí donde los tribunales de justicia habían encontrado iniquidad. Y ha concluido que los cuatro agentes se merecían la segunda oportunidad que perseguían. Mortales como son, los policías se confundieron con tan mala pata que torturaron a un ciudadano rumano que ni siquiera era delincuente. Lucian Paduraru fue maltratado en 2006 y su esposa, entonces embarazada, recibió un trato vejatorio por parte de cuatro agentes de la autoridad que no tuvieron ni el detalle de identificarse como tales antes de meterle una pistola en la boca al agredido. El apaleado decidió volver a Rumanía, la patria de la Securitate. Paduraru debió pensar que más vale policía rumano conocido que mosso por conocer.

Con la decisión del indulto, el Gobierno central ha tratado a buen seguro de corregir el proceder de la Audiencia de Barcelona. La instancia judicial consideró que los agentes debían cumplir la condena entre rejas por razones “de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social”, a pesar de que el primer indulto concedido por el Gobierno central dejó a los policías con penas a punto de caramelo, es decir de dos años. Justo para evitarles la cárcel, porque dos años es el techo para no ingresar en un establecimiento penitenciario. Pero no les tocará. Felizmente los policías catalanes solo pagarán 10 módicos euros al día durante dos años: 7.200 euros en total, gracias a ese segundo indulto, algo contra lo que la Audiencia de Barcelona ya advirtió que “sería una suerte de fraude de ley o abuso de derecho”.

El Gobierno central, sin embargo, ha hallado la luz allí donde los tribunales veían una pistola amenazante. Con la ayuda, eso sí, de los sindicatos policiales y el Ejecutivo catalán. Felip Puig habló con su homólogo en el ministerio, Jorge Fernández Díaz, quien aseguró: “En la medida en que el Departamento de Interior y esos Mossos d'Esquadra planteen alguna petición, la vamos a estudiar con la mayor disponibilidad”. Pues dicho y hecho. Los agentes no han tenido que esperar al 10 de diciembre, día en que la Audiencia de Barcelona había fijado para que ingresaran en prisión, para conocer el feliz desenlace.

Deben ser razones de austeridad las que han guiado al Ejecutivo a dictar que los policías paguen 10 euros diarios por torturar a un rumano. Ahora que atravesamos un periodo de crisis ¿se habrán planteado como medida solidaria la posibilidad de eliminar los tribunales de justicia? Si el Ejecutivo cuartea sentencias firmes, lo mejor es que dicte justicia directamente, así se ahorra más que con la tradicional anticuada y engorrosa división de poderes y se entierra de una sola paletada a Locke, Rousseau y Montesquieu.

El indulto recién aprobado permite ingresar en la galería de hombres ilustres a cuatro agentes de la policía catalana: Joan Salva, Manuel Farré, Fernando Cea y Jordi Perissé. Ellos, junto a al fallecido Jesús Gil y Gil y a Juan Hormaechea, expresidente de Cantabria, se han hecho merecedores de un segundo indulto para evitar la cárcel.

Resulta difícil de imaginar lo que dirían ciertos medios que ahora pasan de puntillas sobre este asunto si un ciudadano catalán hubiera sido torturado en Rumanía e indultados sus maltratadores. Claro que en el lejano Este carecen de nuestro pedigrí democrático.