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PP y PSOE se culpan del caos de la basura en Jerez

Trabajadores y empresa cierran un preacuerdo para zanjar la huelga

La quema de basuras en Jerez ha continuado a lo largo del día, aunque por la tarde ya se trataba de casos aislados y no de una actuación generalizada como en la noche del martes y la madrugada del miércoles. Más de 280 contenedores repartidos por 120 calles de esta ciudad gaditana han ardido en los últimos cinco días. La huella del fuego se ha quedado marcada en el asfalto de los barrios periféricos. Y bajo montañas de bolsas medio chamuscadas asoman los restos de lo que antes eran grandes contenedores verdes.

Tras estas quemas y los enfrentamientos entre la policía y grupos de jóvenes está la acumulación de residuos por la huelga en la recogida de basura, que dura ya 21 días y que va camino de solucionarse. Los representantes de los trabajadores y la empresa han alcanzado esta noche un principio de acuerdo. Si los empleados lo ratifican en asamblea en la tarde de mañana, la huelga se habrá terminado.

Antes de que se conociera este preacuerdo, el Gobierno central decidió reforzar la presencia de agentes en Jerez para evitar más disturbios y para proteger a los camiones de la empresa Tragsa, que el Ayuntamiento ha contratado para recoger parte de las más de 3.000 toneladas de basuras que se acumulan en las calles. Hasta el momento, la policía ha detenido a un menor, de 17 años, y se han identificado a otras 11 personas, que previsiblemente también serán detenidas por los altercados de los últimos días.

Pero este conflicto también ha dado un salto hacía la política. PSOE y PP se han lanzado reproches desde las instituciones que controlan. Desde la Junta de Andalucía, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz (PSOE), interpreta que los vecinos de Jerez han estado pagando la “incompetencia” de la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo (PP). Según Díaz, la regidora ha sido incapaz de encontrar una solución.

Algo muy parecido le ha reprochado a la Junta el subdelegado del Gobierno central en Cádiz. Javier de Torre (PP) acusó al Ejecutivo andaluz de “absoluta dejación” de sus responsabilidades, que pasarían por la intermediación en el conflicto laboral y el control sanitario.

En apariencia, la huelga ha sido solo un conflicto entre una empresa y sus trabajadores, que intentaban evitar el despido de 125 de sus compañeros a través de un Expediente de Regulación de Empleo. Pero en la génesis del problema está el recorte que el Ayuntamiento de Jerez ha impuesto a la concesionaria Urbaser, encargada de la limpieza. El Consistorio, que acumula una deuda de unos 1.000 millones, reducirá en 2013 un 20% el presupuesto destinado a este servicio, lo que supone un recorte de 4,5 millones de euros. Finalmente, los representantes de los trabajadores han aceptado una rebaja salarial del 10% y que se toquen sus complementos. A cambio, lograrían salvar del despido a 125 de sus compañeros. La huelga arrancó a principios de noviembre, pero hasta comienzos de esta semana no se había convertido en un conflicto ciudadano con la quema de contenedores.

Reducirlo todo —las quemas, los enfrentamientos nocturnos entre policía y jóvenes y las detenciones— a un ejercicio de puro vandalismo es demasiado simple. Como reduccionista también resulta pintar los disturbios solo como una forma de protesta vecinal ante la desesperada situación de Jerez, un municipio de 212.000 habitantes.

La distancia entre el vandalismo y la protesta es muy pequeña, y ni siquiera Inés Castilla Pérez, presidenta de la asociación de vecinos de la zona del Mopu, una de las barriadas más castigadas por los disturbios y la acumulación de basuras, sabe decir dónde estaba la frontera. Por un lado, critica que un grupo de jóvenes de su barrio se enfrentara con botellas a la policía la noche del martes al miércoles. Pero, por otro, afirmaba que la situación es “insostenible” debido a la acumulación de basuras. De hecho, Castilla reconoce que, antes de que comenzaran los disturbios, su asociación ya estaba barajando realizar cortes de calles como forma de protesta.

Los actos más violentos se han registrado en las barriadas periféricas, donde los desechos se amontonan y donde se han quemado más contenedores. En las principales vías de la ciudad, como la calle Larga, ni siquiera se ha intuido que había una huelga de limpieza desde principios de noviembre.

“Los servicios mínimos se están concentrando en el centro de la ciudad”, reconoce Francisco Delgado, trabajador de Urbaser. Este empleado formaba parte de la cuadrilla de servicios mínimos que recorría por la mañana el barrio del Mopu, donde se han registrado los enfrentamientos más duros entre los jóvenes y los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. “En este barrio hay una dejadez del Ayuntamiento, los están marginando”, opina Delgado. “Se junta el hambre con las ganas de comer”, afirma este operario respecto a los altercados entre los jóvenes y la policía.

Juan Cazalla, presidente del comité de empresa de Urbaser, ha anunciado que, una vez que el preacuerdo sea ratificado por la asamblea, se retomará de inmediato el servicio de retirada de basuras.

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